EFEValladolid

La fiscal ha mantenido este lunes que Luis Javier L.P., para el que pide cinco años de prisión por un delito continuado de estafa, usó como gancho una línea de móvil convencional a la que debían llamar interesados en ofertas de empleo, para después cobrar de una tarificación telefónica adicional.

La fiscal, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Valladolid, ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que además de cárcel ha pedido que el acusado pague una multa de 3.300 euros, porque el supuesto autor engañó al menos a 3.000 víctimas publicitando ofertas ficticias de trabajo.

Quien veía los anuncios sobre ofertas de trabajo que el acusado publicaba poniendo un número de teléfono convencional pensaba que iba a contactar directamente con la empresa que ofrecía el empleo y lo que sucedía es que contactaba con un operador que le remitía, sin ninguna otra información, a una línea 807 de tarificación adicional, ha argumentado la acusación pública.

En los anuncios que divulgaba el procesado a través de dos empresas, Wham 21 KH S.L. y L y J Servicios 2008 S.L., no había ofertas reales de trabajo o eran de libre acceso -ya las habían publicado otras empresas- "y en todo caso no eran ofertas gestionadas por el acusado", según las conclusiones de la Fiscalía.

Para el Ministerio público, lo único que pretendía el encausado era que la persona interesada se mantuviera el mayor tiempo posible al teléfono con número 807 para facturar todos los minutos que se pudiera.

Luis Javier L.P., en su declaración ante el tribunal, ha explicado que ambas empresas, de las que era gerente, elaboraban bases de datos con anuncios de ofertas de empleo publicadas por diferentes plataformas o sociedades, con las que no tenía relación, y cuando una persona llamaba para interesarse por alguna de ellas, sí les informaban de que el 807 tenía tarificiación adicional.

Hacían de medio de información laboral, ha resumido el procesado, quien ha asegurado que, a diario, comprobaban que las ofertas de trabajo que incluían en los anuncios eran veraces y se encontraban vigentes.

El letrado de la defensa ha destacado que lo que hacía el acusado era usar para sus bancos de datos ofertas de empleo públicas y ponía anuncios para que, quien quisiera información de ellos, consiguiera un beneficio con su labor de la estructuración de la información, ya que probablemente el interesado no conocía las fuentes previas de publicación.

El abogado, que ha solicitado la absolución, ha asegurado que existía una locución previa que informaba del coste del teléfono 807 y ha apuntado que "otra cosa es que nos parezca bien o mal que existan teléfonos de tarificación adicional".

La acusación particular, en representación de Telefónica España, ha reclamado dos años de prisión por estafa, el abono de una multa de doce meses a razón de doce euros diarios para el acusado y de otra multa de 169.938 euros para las personas jurídicas -las dos sociedades-, además del pago a Telefónica de 84.969 euros como indemnización.

El letrado de la acusación particular ha comparecido también en la vista oral como testigo y ha explicado que Telefónica planteó una denuncia por los hechos que se han juzgado este lunes, debido a quejas de sus clientes, que les hizo detectar un posible fraude por usar una línea normal y luego derivar a la adicional con sobrecoste.

Ha especificado que la Compañía calculó de forma prudente que podía haber unas 3.000 personas afectadas de Telefónica España, sin contar los que podían haber resultado perjudicados de otras como Vodafone u Oreange.

En la vista oral han comparecido en total nueve testigos, entre ellos una mujer que ha dicho que tenía un hijo en común con el procesado, sin tener ahora relación con él, y que su empresa de publicidad fue contratada por el encausado para comprobar la veracidad de las ofertas de empleo y después publicitarlas.

El juicio ha quedado visto para sentencia. EFE

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