EFEValladolid

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha sostenido este jueves que la tramitación de la proposición de ley para regular la eutanasia en España hace "más necesaria y urgente" la de sedación y cuidados paliativos de la Comunidad, para que no haya que elegir entre "horror y suicidio".

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha insistido en que no puede ser que haya que optar entre esas dos opciones cuando en medio "hay un enorme camino" de derechos y garantías para los ciudadanos, como unos cuidados paliativos de calidad y la regulación de la sedación en los pacientes terminales.

Preguntado sobre cómo puede afectar la tramitación de la ley nacional en la que tiene en marcha Castilla y León, Igea ha incidido en que son dos proyectos "claramente diferentes, que nada tienen que ver", y que en todo caso el nacional haría necesario "acelerar" la tramitación del de Castilla y León.

El anteproyecto de ley de Castilla y León por el que se regulan los derechos y garantías de las personas al final de su vida reconoce que se trata de un "proceso muy complejo, difícil y con una alta incertidumbre", pero añade que en todo momento se ha de "respetar la dignidad de la persona", con el objetivo añadido de que los "dilemas" a los que se enfrentan las administraciones y los profesionales sanitarios en estos casos tengan una respuesta legal concreta.

Recoge que "los cuidados paliativos, dirigidos al abordaje integral de las necesidades de los pacientes, incluso cuando ello pueda acortar su vida, pueden ser la opción más adecuada y, a la vez, la más humana para garantizar que puedan afrontar el proceso final de su vida de manera digna".

El documento reconoce el deber de pleno respeto hacia la voluntad de los enfermos terminales, cuando exista un pronóstico vital irreversible y reducido en el tiempo causado por una dolencia "incurable" o por un "deterioro extremo que provoque trastornos graves, irreversibles o incontrolables en quienes lo padecen".

Y el derecho a la información asistencial "completa, clara y comprensible", así como la manera de designar a sus representantes en caso de no poder decidir sobre su tratamiento, junto con los deberes de los profesionales sanitarios a la hora de limitar el esfuerzo terapéutico, que evite la denominada "obstinación terapéutica".

En el caso de incumplimiento de sus deberes, la norma establece un régimen sancionador que distingue entre infracciones leves, graves o muy graves y que remite a las sanciones administrativas que ya se recogen en la Ley General de Sanidad (1986), en su artículo 36, y la Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León (2010), en su artículo 75.

Además de las previsiones incluidas en los treinta artículos de que consta la norma, el anteproyecto incluye seis disposiciones adicionales, entre las que destaca la que prevé un proceso de evaluación de la ley.

Y prevé que tras el primer año de vigencia de la ley la Junta de Castilla y León elaborará un informe sobre el cumplimiento de la norma y en concreto, incluirá los datos más significativos sobre su implementación, el grado de satisfacción de los ciudadanos y la efectividad real de la protección de los derechos regulados en la norma.EFE