EFEValladolid

La modificación de la ley del voluntariado de Castilla y León, tramitada dentro de la nueva norma del Tercer Social de la Comunidad, ha impedido este martes la aprobación por unanimidad de esa normativa en el pleno de las Cortes, donde PSOE y Podemos se han abstenido y han votado a favor PP, Cs, UPL y Por Ávila.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado este martes, en el primer pleno de las Cortes del nuevo curso político, la Ley del Tercer Sector y de Modificación de la Ley del Voluntariado en Castilla y León que busca "dar fuerza al tercer sector para seguir constituyendo una de las principales redes de protección social" en la Comunidad.

La ley aprobada impulsa la participación en las políticas sociales del tercer sector y garantizará la estabilidad de ese colectivo, que cuenta con 3.300 entidades que prestan 6.851 servicios, en 1.200 municipios, donde atienden a 700.000 personas, ha recordado Blanco.

En cuanto a los voluntarios, Castilla y León cuenta con más de 200.000 voluntarios y tiene registradas 414 entidades de voluntariado, de las que más del 80 por ciento se inscriben en el ámbito de la acción social y los Servicios Sociales, y la reforma de la ley responde a un voluntariado abierto y moderno, ha defendido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Uno de los aspectos más novedosos de la ley es el que hace referencia a la concertación, que se desarrollará en un decreto posterior, una fórmula jurídica que permite a las administraciones públicas contratar la gestión de servicios de forma flexible y estable en el tiempo, a la vez que aporta certidumbre y apoyo económico a las entidades que asumen esta función.

Al pleno han llegado 15 enmiendas de Podemos y 20 del PSOE, que no han prosperado ninguna, aunque la parlamentaria de la formación morada Laura Domínguez ha valorado el alto grado de consenso y acuerdo con enmiendas aprobadas en ponencia y comisión, más alto que en otras leyes.

El principal escollo para que la ley haya salid por consenso, según han apuntado tanto Domínguez como Rubén Illera, desde el grupo socialista, ha sido que en la tramitación se haya incluido la reforma de la ley del voluntariado, que a su juicio merecía una norma propia y específica.

El procurador del PSOE también ha defendido que el tercer sector tuviera una participación real por medio de la creación de una Mesa específica del Diálogo Civil, frente a la propuesta de la ley de contar con una sección en el Consejo de Servicios Sociales de la Comunidad.

"No es la mejor ley posible", ha sostenido Illera, quien también ha reclamado que el plan estratégico de impulso del tercer sector que figura en la norma fuera acompañado de una cuantía presupuestaria y de indicadores de seguimiento.

Desde el PP, tanto el portavoz en Asuntos Sociales, Miguel Angel García Nieto, como la procuradora Inmaculada Renedo, han defendido la tramitación a la par de ambas normas por una cuestión de oportunidad en tiempo y forma, ya que la mayor parte del voluntariado de la Comunidad está en el tercer sector, y para evitar solapamientos de personas y proyectos. EFE