EFEMadrid/Valladolid

La tasa de litigiosidad, que refleja el número de asuntos por cada mil habitantes, se calculó en diecinueve en Castilla y León entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados, por debajo de la media nacional, que se situó en 22,3.

En general, en España, la actividad de los órganos judiciales entre el segundo trimestre del año ha descendido el 32,9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019 al verse afectada por la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Todas las jurisdicciones han sufrido fuertes disminuciones interanuales en el ingreso y resolución de asuntos e incrementos en el número de los que quedaron en trámite al final del trimestre, y la más afectada, con un descenso del 56,9 por ciento, ha sido la de lo Contencioso-Administrativo.

Son datos recogidos en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales del segundo trimestre de 2020 difundido este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según informa el CGPJ, "la desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a la de cualquier otro periodo anterior".

Por ello estima que "es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales y advierte de que el trimestre analizado en este informe corresponde al más afectado hasta ahora pore la situación sanitaria y la declaración del estado de alarma.

Durante ese periodo tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales 1.059.853 asuntos, una cifra que supone una disminución del 32,9 por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior.

En el mismo trimestre los tribunales españoles resolvieron 861.445 asuntos, un 45,7 por ciento menos que un año antes mientras que los que quedaron en trámite al final del trimestre sumaron 3.057.356, cifra que con un incremento interanual del 15,3 por ciento representa la pendencia más alta registrada desde el cuarto trimestre de 2011.

En la jurisdicción civil ingresaron 435.452 asuntos, un 26,6 por ciento menos respecto a los ingresados en el mismo trimestre del año anterior.

Se resolvieron 303.342 asuntos, un 49,1 por ciento menos, y quedaron en trámite 1.695.446, un 15 por ciento más que al final del segundo trimestre de 2019. De los pendientes, 262.527 correspondieron a las denominadas cláusulas abusivas de contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias.

En la jurisdicción penal tuvieron entrada 523.748 asuntos, dato que supone una disminución interanual del 35,4 por ciento.

Se resolvieron 474.312 asuntos, un 42,3 por ciento menos, y quedaron en trámite 806.355 asuntos, un 15,5 por ciento más que en el mismo trimestre de 2019.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 28.869 nuevos asuntos con una disminución interanual del 56,9 por ciento, la más elevada de todas.

Se resolvieron 36.148 asuntos, lo que supone un 41,4 por ciento menos que el año anterior, y quedaron en trámite 206.547, un 6,6 por ciento más.

La jurisdicción social ingresó 71.763 asuntos, un 34,2 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2019; se resolvieron 47.611 asuntos, un 55,5 por ciento menos, y quedaron en trámite 348.948 asuntos, un 22,4 por ciento más.

La declaración del estado de alarma y la suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la crisis sanitaria también tiene su reflejo en los datos referidos a la litigiosidad.

La tasa de litigios en el conjunto del Estado ha sido de 22,3 asuntos por cada mil habitantes, 11,3 puntos más baja que la registrada en el mismo trimestre de 2019.

Por territorios, las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigios superior a la media nacional ha sido Canarias (31), Murcia (26,1), Andalucía (25,1), Baleares y Cantabria (22,9), Madrid (22,7), Comunidad Valenciana (22,6) y Asturias (22,5).

Las comunidades con tasa de litigios más baja fueron La Rioja (14,3) y País Vasco (16,2).

El resto tuvieron las siguientes cifras: Aragón (18,8), Castilla-La Mancha (17,3), Castilla y León (19), Cataluña (21,2), Extremadura (17,2), Galicia (20,8), Navarra (17,6). EFE

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