EFEValladolid

Los ciudadanos de Castilla y León presentaron en 2020, año marcado por la pandemia de la covid, 1.248 quejas ante el Defensor del Pueblo, un número similar al registrado un año antes, cuando se contabilizaron 1.269, con la mayoría de ellas centradas en la Justicia (175), Función Pública (136), Empleo (113) y Sanidad (108).

Por provincias, las que presentan un número más elevado de quejas en términos absolutos son Valladolid (261), León (227), Burgos (209) y Salamanca (194), mientras que quedan por debajo de la centena Segovia (95), Palencia (81), Ávila (75), Zamora (61) y Soria (45).

En total, el Defensor del Pueblo tramitó el año pasado 29.335 expedientes en el conjunto de las comunidades autónomas y 28.020 quejas, lo que significa que las llegadas desde Castilla y León representan el 4,4 por ciento de todas ellas.

Dirigió 1.447 resoluciones a las administraciones públicas y a la vez tramitó 909 solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y amparo y abrió 406 actuaciones de oficio.

Esta institución, además, formuló 536 recomendaciones, 482 sugerencias, 425 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias.

Los asuntos relacionados con la Justicia, el empleo y la seguridad social, las migraciones, la educación y la sanidad protagonizaron las quejas a nivel nacional, con los madrileños, catalanes, andaluces y valencianos como los que sumaron un mayor número de quejas.

Como principal alerta, el Defensor del Pueblo ha exigido revisar el modelo de residencias y reorganizar con mayores inversiones el sistema sanitario después de la "tragedia" del coronavirus, agravada por carencias estructurales y debilidades crónicas que, ha recordado, lleva denunciando años.

En su informe anual, presentado este jueves en las Cortes, el Defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, pide cambios en la atención a enfermos, mayores y dependientes para evitar otro "colapso".

Ante la "tragedia" de las residencias, subraya la necesidad de revisar un modelo con "carencias estructurales", para que haya un número suficiente de plazas y una atención de calidad, "centrada en el individuo, su dignidad y sus derechos".

Apuesta por centros más pequeños y domésticos y urge a las comunidades a reforzar los servicios de inspección, dado que más del 72 % de las plazas son de titularidad privada, a elevar las ratios obligatorias de personal de atención directa y a regular la presencia de profesionales sanitarios.

Del mismo modo, en el ámbito sanitario, ha expresado que "la sanidad en España no necesita edificios más grandes o infraestructuras espectaculares. Necesita gestión eficaz y coordinada de los recursos humanos y materiales, y creer en el sistema público sanitario".

A su juicio, aunque hay que "invertir más" y "de forma más inteligente", "tan importante como disponer de recursos es revisar el modelo organizativo" para aumentar la eficiencia del sistema.

Para el Defensor, la pandemia no ha hecho más que acentuar las carencias y fragilidades del Sistema Nacional de Salud, de las que todas las administraciones eran conscientes desde "hace mucho tiempo", si bien "ninguna afrontó con la previsión, planificación e inversión suficientes".

En este escenario de debilidades crónicas del sistema, lastrado por un déficit permanente de financiación y de recursos en atención primaria y en salud pública, en España ha faltado un enfoque preventivo, agravado por que en toda Europa "se subestimó el riesgo que entrañaba este virus" a principios del año pasado.EFE