EFELeón

Mañana, 5 de julio, se cumplen 20 años de la presentación por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de la primera denuncia judicial por la exhumación de una fosa de represaliados por el franquismo en España y exigir la aplicación de la Resolución de la ONU de 18 de diciembre de 1992 sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

La ARMH ha recordado este lunes por medio de un comunicado que el 5 de julio de 2002 realizó la exhumación de una fosa común en la localidad leonesa de Piedrafita de Babia, promovida por dos vecinas y amigas de Palacios del Sil: Isabel González, que buscaba a un hermano, y Asunción Álvarez, que trataba de localizar los cuerpos de dos de sus hermanos.

Se trató de la tercera exhumación científica de una fosa de represaliados por la represión franquista que se llevaba a cabo en España.

La ARMH recibió esos días la ayuda de doce voluntarios de nueve nacionalidades, llegados a través de la ONG Servicio Civil Internacional.

Cuando fueron localizados cuatro cuerpos, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, se presentó en el Juzgado de Villablino (León) para denunciar los hechos y exigir la aplicación de la Resolución de la ONU 47/133, de 18 de diciembre de 1992, sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, dado que el Gobierno de España la había votado afirmativamente y de ese modo se comprometía en la búsqueda de esos desaparecidos.

Tras la denuncia, la policía judicial se desplazó hasta el lugar de la exhumación donde recabó información acerca de la actuación de la ARMH.

La exhumación fue dirigida por la arqueóloga María Luz González, que ya había colaborado en Priaranza del Bierzo en el año 2000.

Como consecuencia de la denuncia el juzgado abrió diligencias y se hizo cargo de los restos que fueron exhumados para someterlos a una prueba genética en el Instituto de Toxicología.

La ARMH destaca que en ese momento inició un largo camino de denuncias que pasó por la sede en Ginebra del Alto Comisionado de Naciones Unidas o por el hecho de haber promovido la querella Argentina contra el franquismo que es en la actualidad la única investigación penal de los crímenes de la dictadura.

En estos veinte años la ARMH ha llevado a cabo decenas de denuncias al encontrar restos humanos en la búsqueda de fosas si bien en la mayoría de los casos los jueces no han tomado ninguna medida.

"Eso significa que han prevaricado porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal dicta la obligación de que el juzgado se persone en el lugar donde se hallen restos humanos con signos de violencia y recoja información para decidir posteriormente si tienen interés judicial", ha precisado la organización.

La ARMH presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial y su respuesta fue que no intervenía en la interpretación que los jueces hacen de las leyes.

"Otra respuesta prevaricadora porque los jueces están obligados a ir, sí o sí, y después deben interpretar pero la obligación de acudir al lugar no es interpretable", ha zanjado la ARMH. EFE

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