EFEAlzira (Valencia)

Este lunes se cumple un año de la reversión a la gestión pública directa del Hospital de Alzira, 365 días en los que ha habido nuevas inversiones e incrementos de personal pero también denuncias por el incremento de las listas de espera y el empeoramiento de las condiciones laborales.

A la medianoche del 1 de abril de 2018, el Departamento de Salud La Ribera, en Alzira (Valencia), volvía al control público después de funcionar durante casi veinte años como una concesión administrativa auspiciada por el PP y cumpliendo así un compromiso electoral del nuevo Consell surgido tras las elecciones de 2015.

La reversión contó desde el principio con la posición en contra del PP, que acusó al Gobierno del Botànic de "primar la ideología sobre la salud" e inició una recogida de firmas, mientras que Ciudadanos advirtió de que se produciría un "caos" en la gestión del personal.

Tras concluir la reversión del Departamento de Salud de la Ribera, la Conselleria se marcó como objetivo revertir a lo público antes de las elecciones autonómicas el Hospital de Dénia (Alicante), propiedad de DKV y Ribera Salud, algo que finalmente no ha sido posible.

La transición en Alzira se ejecutó con "absoluta normalidad y sin incidencias", según aseguró la entonces consellera de Sanidad, la socialista Carmen Montón, quien había conseguido el objetivo que se marcó nada más llegar al cargo en verano de 2015.

El nuevo equipo directivo lo encabezó su gerente, Isabel González, que casi un año después se ha jubilado y ha sido sustituida por Liliana Fuster, la hasta ahora directora del Hospital de La Ribera.

De abril a diciembre de 2018 el Departamento de Salud ha destinado más de 7,8 millones de euros para mejorar la asistencia sanitaria de la comarca, un millón para las infraestructuras y el resto para la adquisición de equipos diagnósticos y de tratamiento de última generación.

Durante un balance de los primeros nueve meses tras la reversión, la consellera Ana Barceló destacó un incremento del 4 % de las intervenciones quirúrgicas, un 2,6 % más de consultas de Atención Especializada y un 4,5 % más de pruebas diagnósticas.

Además, subrayó el incremento de la cartera de servicios en el Hospital de Alzira, con la inclusión de la especialidad de Cirugía Pediátrica, la potenciación de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) y la apertura de una Unidad de Preingreso, así como un aumento de plantilla en los Puntos de Atención Continuada (PAC) y la incorporación de nuevas especialidades.

Sanidad anunció para 2019 una inversión de 400.000 euros para la construcción de un nuevo quirófano, la ampliación de la zona de Hemodiálisis, la adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el traslado del Hospital de Día al jardín de la zona de Hemodiálisis.

Pero este primer año de funcionamiento con gestión directa también ha recibido las críticas de profesionales sanitarios y vecinos de la comarca, englobados en la Asociación Sanitat Sols Una, que afirma que se ha producido una "desbandada" de altos cargos del departamento y a la jubilación de la gerente se suma la marcha, antes de acabar marzo, del director de Enfermería y excomisionado, Boro Llopis.

"La salida de varios altos cargos confirma el fracaso de la reversión, la precipitación en la toma de decisiones por parte de la exconsellera Carmen Montón y el grave error del Consell al no poner freno a un proceso que el propio núcleo del president, Ximo Puig, auguraba muy problemático", asegura.

Denuncia que la política "ha destrozado el Hospital de La Ribera" y un año después de la reversión "se han contratado 500 personas más para aumentar las listas de espera y desviar miles de pacientes a clínicas privadas (o barracones sanitarios en forma de camión)".

Recuerda que hace escasos meses "todos los sindicatos se unieron, por primera vez en la historia de este hospital, en una protesta conjunta para denunciar el acoso y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales".

Además, señala que en breve "tendrán que afrontar la negociación del próximo convenio colectivo" que aseguran "se prevé complicado" porque el actual contempla "salarios más altos y condiciones más ventajosas para los laborales o 'personal a extinguir' (trabajadores de la antigua concesionaria) que para los estatutarios (empleados públicos)". Concha Tejerina