EFEValència

España debe ser capaz de anticiparse o sumarse a la revolución, también económica y laboral, de la Inteligencia Artificial y los macrodatos o "Big Data" pues, de lo contrario, se quedará fuera de juego como le ha ocurrido ya con la fabricación de teléfonos, ordenadores y servicios de red.

Así lo asegura a EFE el miembro del Comité de Sabios del Gobierno para la Inteligencia Artificial y el Big Data Javier Plaza, para quien la protección de los datos personales es "un derecho" que se debe respetar "teniendo siempre presente la máxima de que los derechos fundamentales prevalecen sobre la tecnología".

En una entrevista concedida tras su nombramiento como asesor del Gobierno, Plaza señala además que es cada vez más necesario "crear pautas y utilizar herramientas de seguridad" para proteger la información y los datos tanto de ciudadanos como de empresas.

Este catedrático de Derecho Civil en la Universitat de València y director y fundador de la revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías señala que estas medidas deberían incluir "la formación e información" a la sociedad, además de "prevenir, evitar y perseguir los posibles usos nocivos e inadecuados que las personas quieran hacer con esta nueva tecnología".

El comité al que pertenece, que impulsa el Gobierno de España, tiene como objetivo la elaboración de un Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Big Data en un plazo de seis meses que contendrá un análisis general sobre "las implicaciones sociales, éticas, jurídicas y sociales" y sobre el impacto que esto puede tener en las empresas y el sector público.

Según Plaza, su función se centrará en proponer mecanismos de protección legal de los productos y servicios derivados de estas tecnologías con el fin de que sea "un derecho que promocione y favorezca esta nueva realidad en el tráfico económico y jurídico".

Destaca que se trata de un "trabajo en equipo" y que está integrado por especialistas de diferentes áreas porque es "importante" conocer la visión y opinión de economistas, científicos, técnicos y de las grandes empresas del sector.

Este documento está dirigido a toda la sociedad porque "la economía de datos afecta a todos los sectores económicos y productivos sin exclusión", aunque asegura que especialmente al turismo "inteligente", el sector agrario y agroalimentario y el I+D de las empresas.

"Afectará a todos como potenciales usuarios ya que, en el fondo, la Inteligencia Artificial es un nuevo y emergente sector económico, que además demanda profesionales muy cualificados", añade.

También destaca a EFE que fenómenos como el de la inteligencia de datos "son ya una realidad, incipiente pero imparable, y que en muy poco tiempo van a eclosionar, por lo que todo va a transformarse rápidamente".

"Si somos capaces de anticiparnos o de sumarnos a esa revolución, será una oportunidad de desarrollo económico y social importante", augura Plaza, aunque al mismo tiempo advierte sobre si ocurre lo contrario: "Nos quedaremos fuera, como ya le ha ocurrido a España en la fabricación de ordenadores, teléfonos y televisores inteligentes o servicios de red".

En cuanto a la implantación progresiva de estas tecnologías en el día a día, responde que se debe hacer "con supervisión" y bajo la responsabilidad de una persona física o jurídica con el único fin de "procurar un mayor beneficio para la humanidad y hacer una sociedad más inteligente y desarrollada".

Para Plaza y el resto de "sabios" del comité, esta nueva realidad no supone "una amenaza", sino más bien "una verdadera oportunidad de desarrollo económico y social" que el Estado "debe desarrollar y liderar".

El nuevo reglamento europeo refuerza los deberes de información y las medidas de seguridad con nuevas líneas de actuación, entre las que Plaza destaca la de conocer si se ha abierto un perfil personal falso, con derecho a saber cómo se ha elaborado, qué resultado ha dado, qué uso se ha hecho del mismo o el reconocimiento al "derecho al olvido".

"El derecho no solo es legislación, también es prevención. El Libro Blanco deberá indicar los principales mecanismos legales para la adecuada protección de productos o servicios basados en la Inteligencia Artificial", concluye Plaza.