EFEValència

La lucha contra la prostitución femenina del Gobierno valenciano se extiende a otras autonomías sobre la base de que pagar por sexo es, por definición, violencia machista, una idea en la que no coinciden fuentes policiales consultadas por EFE.

Varios gobiernos autonómicos han anunciado recientemente que pondrán en marcha un proyecto con cargo a los fondos europeos para "acabar" con el sistema de la prostitución en el país y acompañar, con instrumentos y recursos económicos, una norma en esa dirección.

La propuesta pide un presupuesto estimado de 38 millones de euros en cuatro años y en ella participan Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Aragón, Navarra y Melilla, pero no el Consell de la Generalitat Valenciana.

Eso no supone que la posición del Botànic no sea también contraria a la prostitución: la consellera de Justicia valenciana, Gabriela Bravo, ha llegado a calificarla de terrorismo machista, en línea con organizaciones como el Front Abolicionista del País Valencià, que considera a todas las mujeres que practican la prostitución víctimas de la violencia machista atrapadas en una industria de explotación sexual, lo que debe conducir a la penalización de la demanda, es decir, castigar a quienes pagan por sexo.

UNA VISIÓN DIFERENTE DESDE EL ÁMBITO POLICIAL

La realidad del fenómeno de la prostitución, sin embargo, parece ser más complicada, al menos según dos agentes de policía que luchan contra estas mafias en la provincia de Valencia, quienes explican a EFE que "no es acertado hacer equivalente la prostitución con la trata de mujeres", al margen de que también existe la prostitución masculina.

"Existe prostitución como resultado de coacciones, pero en estas mismas coacciones hay distintos grados. Hay muchas mujeres que llegan engañadas a nuestro país, sin saber a lo que vienen, y les quitan el pasaporte, amenazan a sus familias... es una violencia de alta intensidad. Pero también hay otro tipo de coacciones, como las meramente económicas: explotan las habitaciones y penalizan económicamente a las mujeres si no están disponibles, o si no cumplen unas determinadas condiciones", añaden estas fuentes.

Existe además, apuntan, otro tipo de prácticas vinculadas a la prostitución que pueden ser delictivas o no y que implican a personas que se lucran, bien directamente, por ejemplo una dueña de un piso que cobra un 15 o un 20 % de comisión, o bien indirectamente, por ejemplo cobrando el uso de toallas, horas de habitaciones o copas.

"Pero, desde luego, también hay otro tipo de prostitución, claramente voluntaria, las llamadas escort, que trabajan para sí mismas. Incluso estudiantes o amas de casa, que cobran por sexo sin que lo sepa su entorno, como mera forma de ganarse la vida", explican las fuentes policiales.

EL TESTIMONIO DE OLGA

Es el caso de Olga, que nació en Oremburgo (Rusia) y llegó a España en la primera década de los años 2000, cuando tenía unos 20 años. Sabía que era guapa y probó fortuna en una agencia de modelos.

“A esta agencia venían hombres de negocios que elegían modelos para sus productos, pero también pedían chicas para acompañar a los altos ejecutivos. Sabía que cuando te proponían ir a la cama podías ganar dinero. Así es como empecé a trabajar como escort. Tenía una cartera de clientes, nadie me obligó a nada".

Según explica Olga a EFE, "podías ganar, como mínimo, 100 euros en una hora, pero casi siempre se trataba de fines de semana, de viajes… y la ganancia era mucho mayor”. Ella lo dejó tiempo después de cumplir los 30 años.

LA PROSTITUCIÓN VISTA DESDE LA POLÍTICA Y LAS LEYES

Para la consellera Bravo, sin embargo, las cosas son más simples: "El pago de dinero no transforma la violencia sexual, porque no se produce en términos de igualdad", señaló en la reciente presentación del Foro valenciano para la abolición de la prostitución, un grupo de trabajo adscrito a su Conselleria.

Bravo está en contra de regularizar este negocio, que genera en la Comunitat Valenciana el 0,24 % de su PIB y, por el contrario, defiende que España avance en la misma dirección que Suecia o Francia, donde se persigue penalmente al cliente de las prostitutas.

En Europa conviven distintos modelos de regulación de la prostitución. Es legal en países como Alemania, Holanda, Suiza, Hungría, Letonia, Austria y Grecia, y hay países como España, Portugal e Italia donde no está regulada y otros como Suecia, Noruega o Francia donde está castigada. El Código Penal español sí castiga con penas de prisión la trata y el proxenetismo.

Oficialmente, el Gobierno mantiene una postura abolicionista frente a la prostitución, a la que el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, considera “no legal en España".

Sí está sancionado con multa el pagar por servicios sexuales en vía pública (Ley de Seguridad Ciudadana), una conducta en la que también inciden las ordenanzas de los diferentes ayuntamientos, como el de València, que tiene en vigor desde 2013 una ordenanza sobre prostitución que incide en sanciones a clientes y la prohibición de la publicidad y de la actividad en la calle.

En Europa, la ley de prostitución más liberal es la alemana, aprobada en 2002 por la entonces coalición de gobierno entre socialdemócratas y verdes. Esta ley reconoce a las trabajadoras del sexo derechos laborales y cobertura social como prestadoras de un servicio. EFE

Por Francisco Tomás Valiente