EFEValència

Casi la mitad (el 48,5 %) de los economistas valencianos suspende el plan de desescalada del Gobierno para recuperar la actividad económica y social, un 27 % lo considera regular y solo un 17 % lo califica de bueno o muy bueno.

En una encuesta entre colegiados de la provincia de Valencia entre el 5 y el 15 de mayo para evaluar el impacto económico de la pandemia y el estado de alarma, se indica que la gestión de la crisis sanitaria por el Gobierno es mala o muy mala para el 58 %, es regular para el 19 % y buena o muy buena para el 16 %.

Opiniones similares obtiene la gestión para combatir la crisis económica generada por la COVID, con un 57 % que opina que ha sido mala o muy mala, un 19 % que la califica de regular y un 17 % que la valora como buena o muy buena.

El decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, y el coordinador del informe "La economía con el COVID-19", José Ortega, han presentado este miércoles de forma telemática estos resultados, que recogen un impacto mayor en la Comunitat Valenciana por la mayor proporción que representa el turismo y por el peso de las pequeñas y medianas empresas, que disponen de menos recursos para defenderse ante una crisis económica.

Enríquez ha abogado por prolongar los ERTE más allá de septiembre y alargarlos hasta diciembre, y Ortega por seguir "peleando" por que la financiación autonómica sea "más justa" y superior en 2.000 millones, una cantidad con la que "pasaríamos esta crisis mucho mejor", ha afirmado.

Según Ortega, lo peor que podría pasar sería un rebrote del virus que volviera a confinar parte de la economía, algo "catastrófico" porque los efectos serían "tremendos" aunque la paralización de la economía no fuera tan amplia.

El coordinador del informe ha calificado de "buena medida" la puesta en marcha de avales del ICO para proporcionar liquidez a las empresas, así como las ayudas europeas para salvar el empleo.

El decano ha opinado que lo imprescindible es mantener la estructura productiva y el objetivo "no debe ser reconstruir sino mantener esa estructura" vía liquidez y mediante los ERTE mientras dure la crisis sanitaria.

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno para pymes y autónomos no son suficientes y la mayoría de empresas están encontrando muchas dificultades como la poca agilidad en la aprobación de los créditos, análisis de riesgos más exigentes y falta de transparencia en las condiciones y requisitos de acceso a algunas líneas de financiación.

Este enfoque en el corto plazo pretende solucionar los inmediatos problemas de liquidez, pero las empresas deben compaginarlo con el medio y largo plazo para no incurrir en un problema de solvencia.

Ahora sería el momento de diversificar las fuentes de financiación y de valorar opciones que están disponibles en el mercado en función de las características concretas de cada compañía (inversor financiero, financiación colectiva, préstamos participativos o fondos de crédito corporativo), evitando la excesiva dependencia de la financiación bancaria tradicional.

"Las empresas tienen muchos instrumentos pero no pueden estar trabajando un 20 % de su tiempo en arreglar gestiones con la administración ni que les pongan trabas a la hora de abrir mercados o nuevas instalaciones", ha indicado Ortega.

Enric Montesa, colaborador del informe, ha destacado la transformación digital como una de las cuestiones importantes en el contexto actual, así como actuar "con carácter de urgencia" en la línea del pacto verde europeo.