EFEValència

El Gobierno valenciano ha sancionado a un total de tres empresas con multas que oscilan entre los 100.000 y los 187.000 euros, por impago de salarios a sus trabajadores, en el caso de una de ellas, y por cesión ilegal de empleados, en el caso de las otras dos.

En el primer caso, se trata de una empresa del sector hotelero, que ha sido sancionada con 100.006 euros por impago de salarios a sus trabajadores, y que ya había sido sancionada por lo mismo en 2019, según ha informado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social inició actuaciones frente a esta compañía el 30 de octubre de 2020, con el fin de comprobar las obligaciones legales en materia de pago de salarios.

La conducta de la citada empresa, a quien ya se le extendió un acta de infracción por retraso continuado en el pago del salario, supone una forma de actuar continuada durante los años 2019 y 2020, tal y como se refleja en el acta.

Además, la empresa no ha justificado el pago de los salarios debidos a sus trabajadores de los meses de septiembre y octubre 2020, a pesar de la nueva actuación inspectora, lo que vulnera y supone incumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ha informado la Generalitat.

Por otra parte, el Gobierno ha confirmado, a propuesta de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, dos actas de infracción muy graves a dos empresas del sector de la siderúrgica y les ha impuesto a cada una de ellas una sanción que asciende a 187.515 euros.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia levantó el 9 de febrero dos actas de infracción en las que se hizo constar una serie de hechos que suponen la cesión ilegal de trabajadores.

Dicha cesión constituye una infracción administrativa "muy grave" en materia de relaciones laborales de acuerdo con el artículo 8.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en relación con lo dispuesto la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la ley por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, y el Código Civil.

Según la Generalitat, tal y como se expone en las actas levantadas por la Inspección de Trabajo, una de las empresas se creó en el marco de la reconversión industrial para integrar a trabajadores de la segunda mercantil y a su vez, permitir a esta empresa una ultraflexibilidad de plantilla, impedida por la legislación vigente.

Tras la legalización de la cesión de trabajadores a través de ETT se amparó formalmente su actuación en la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, y se escindió parte de la plantilla y socios, que seguían trabajando en una de las empresas, en la logística, a través de la segunda.

La dependencia económica de la primera empresa respecto de la segunda es absoluta pues es prácticamente su único cliente. Es más, incluso los miembros de la dirección y los trabajadores son los mismos, afirman desde la Generalitat

De hecho, la formación de los trabajadores y la vinculación permanente de estos a través de un encadenamiento continuo de contratos carentes de causa para el desarrollo de los mismos o similares puestos de trabajo, llevan a concluir que los trabajadores de una de las empresas constituyen plantilla propia de la otra.

El Consell es competente para imponer estas sanciones en virtud del artículo 2.d) del Decreto por el que se atribuyen competencias en materia de infracciones y sanciones en el orden social y en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunitat Valenciana.