EFEValència

El pleno del Consell ha sido informado este viernes de un informe de expertos que propone medidas fiscales para "avanzar en progresividad y justicia social", mediante reformas de impuestos como el del IRPF, y aboga por la armonización fiscal en el Estado para evitar los "desajustes" de autonomías que no plantean la tributación de forma "leal" con el resto.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno que el informe de la Comisión para la Reforma Tributaria nombrada por el Consell, "lejos de proponer eliminar impuestos, apuesta por hacerlos más progresivos", para garantizar la suficiencia financiera y la prestación de servicios fundamentales a las personas con menos recursos.

La intención de esta propuesta, en la que también se pide más compromiso en la lucha contra el cambio climático, es que paguen más quienes más recursos tienen; aligerar las cargas fiscales de las personas con menos rentas, y establecer beneficios fiscales contra la despoblación, ha explicado.

Oltra ha insistido en que la frase de quienes afirman que vienen a bajar impuestos "en realidad es una mentira muy grande", pues hay territorios en que se le bajan a la gente más rica y después a la gente sencilla se le dice que "no se le puede regalar la educación, como si no fuera un derecho fundamental" que se paga con impuestos.

Sobre las medidas que puede impulsar la Generalitat, los expertos proponen en materia de tributos cedidos reordenar la bonificación de la cuota en adquisiciones mortis causa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de forma que se generalice la bonificación del 75 % tanto a familiares del Grupo I y II, como a personas con discapacidad, con el límite máximo de 100.000 euros.

En relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, plantean tipos de gravamen más reducidos para algunos casos concretos, como Transmisiones o arrendamientos de bienes situados en municipios en riesgo de despoblación; o bien mantener los mismos tipos, pero con mayores bonificaciones.

En cuanto a los documentos notariales propone una bonificación del 100 % para la documentación de escrituras de declaración de obra nueva en dichos territorios despoblados.

También se plantea una reforma de las tarifas autonómicas sobre el IRPF para mejorar la progresividad y el efecto redistributivo, de forma que propone una bajada de tipos para rentas bajas y medias, un incremento de los tipos para las rentas altas, y mantener constantes los 10 tramos y el tipo máximo en el 29,50 %.

En relación a los tributos propios extrafiscales de la Comunitat, piden a las administraciones "mayor compromiso con la lucha contra el cambio climático" y que se coopere con el Fondo para la Transición Ecológica para financiar las políticas de transición con impuestos sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, o sobre la emisión de gases de efecto invernadero por actividades y grandes establecimientos comerciales

También abren la posibilidad de establecer un posible impuesto valenciano sobre bebidas con azúcares añadidos que viniese acompañado de otras políticas de salud pública para reducir la obesidad, mientras que respecto a la imposición sobre viviendas vacías o desocupadas indican que podrían haber sido las entidades locales las que incorporaran recargos sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles.

En cuanto a las medidas a adoptar por el Estado, piden primar la progresividad del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con la introducción de un mínimo exento de pago, y la fijación estatal de límites mínimos y máximos para las Comunidades autónomas que eviten el 'dumping fiscal'.

Con respecto al Impuesto de Patrimonio, se solicita al Estado una armonización y limitación de determinadas potestades normativas de las comunidades autónomas en materia de deducciones y bonificaciones de la cuota de este impuesto, y se propone reforzar la normativa anti-abuso relativa a las deslocalizaciones.

En materia de IRPF, abogan por introducir deducciones fiscales para fomentar la repoblación de zonas despobladas en el tramo estatal.

El informe será estudiado ahora por el Consell, y según el plan de trabajo que se estableció cuando se creó la comisión la aplicación de las propuestas tiene de plazo hasta 2023.