EFEValéncia

La Generalitat ha comprado por tanteo y por 8,5 millones de euros 218 viviendas para el parque público, un paquete que el Banco Sabadell iba a vender a un fondo de inversión, según ha informado el vicepresidente segundo y conseller, Rubén Martínez Dalmau.

La operación se enmarca en el decreto ley para la ampliación del parque público de vivienda, aprobado por el Consell el pasado 5 de junio y Dalmau considera que es "histórica" por ser "la mayor operación de adquisición de vivienda pública mediante tanteo que se ha hecho nunca en España".

Son 218 viviendas procedentes de los Servicios de Gestión de Vivienda e Innovación Social del banco Sabadell (Sogeviso) que el Sabadell iba a transmitir a un fondo de inversión y que se pondrán a disposición de los municipios bajo diferentes fórmulas.

Las dos primeras fases, que son 188 viviendas, se concentrna en la provincia de Valencia con 148 viviendas y 3,7 millones de inversión, seguida de la provincia de Alicante con 39 viviendas y casi 3 millones, y Castelló, donde se ha adquirido una vivienda por 81.912 euros.

Por municipios, se han adquirido 4 viviendas en Alicante, 2 en Crevillent, 3 en Dolores, 12 en El Campello, 1 en Elda, 1 en Guardamar del Segura, 8 en Monforte del Cid, 1 en Muro de Alcoi, 2 en Orihuela, 3 en Petrer, 1 en Alcoi, 1 en San Vicente del Raspeig, 98 en Algemesí, 33 en Paterna, 1 en Utiel y 16 en Vallada.

Se trata mayoritariamente de viviendas de protección pública construidas después de 2005 y que han sido adquiridas por la Generalitat gracias al derecho de adquisición preferente, por un precio un 25 % por debajo de los precios de valoración de la Agencia Tributaria Valenciana.

Además, la compra se realiza en municipios donde existe una alta demanda de vivienda social y supone "el rescate de, al menos, 95 familias, muchas de ellas vulnerables".

Según Dalmau, "nos vimos con la obligación política de impedirlo, pues no concebíamos la idea de dejar pasar la oportunidad de comprar un paquete de viviendas tan importante que, de no haberlo hecho, hubieran terminado las casas en las manos de quién quiere hacer negocio, no para solucionar la vida de la gente, y que realmente en este instante cuando decidimos vamos a comprarlas".

Esta compra, ha manifestado, es "la casilla de salida para conseguir el mayor objetivo que nos hemos marcado y está recogido en el Plan Hàbitat 20-30", de garantizar "de una vez por todas" el derecho a acceder a una vivienda digna y acabar con los desahucios sin alternativa habitacional.

Ha indicado que se persigue duplicar en un plazo de 10 años el parque público de viviendas y ponerlas inmediatamente a disposición de la gente más vulnerable.

Martínez Dalmau también ha manifestado que las resistencias eran "esperables; no hay transformación social que no conlleve un desacuerdo por parte de los que pierden privilegios".