EFEValència

La Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana ha solicitado a la Conselleria de Economía Sostenible que evalúe el supuesto quebranto que causó a la Generalitat la privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 1997 y la adjudicación del Plan Eólico Valenciano en el año 2002.

Estas dos actuaciones del Consell están en el origen de la instrucción que está realizando un juzgado de Valencia por supuestos delitos fiscales y de corrupción y en el que están investigados varios altos cargos del gobierno valenciano, entre ellos, los expresidentes Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, entre otros, informa la Generalitat.

Según la directora general de Relaciones con Les Corts y responsable de la Oficina de Recuperación de Activos, Ana Domínguez, con este informe la Generalitat persigue cuantificar "el impacto que pudieron tener en las cuentas públicas tanto la privatización de las ITV como la adjudicación del Plan Eólico, actuaciones que están en el fondo de la investigación fiscal del juzgado por las supuestas comisiones que se cobraron por estas actuaciones”.

La Oficina de Recuperaciones de Activos fue creada por el Consell del Botànic para coordinar las acciones de recuperación del dinero público que en algunos casos fue obtenido ilegalmente en los distintos casos de corrupción que han afectaron a la gestión de la Generalitat Valenciana en las décadas pasadas.

Hasta la fecha, se han recuperado más de siete millones y medio de euros, en casos como las distintas piezas de la trama Gürtel, las cuatro piezas del caso Cooperación, Emarsa o las condenas por el caso FITUR.

En total se han abierto cerca de 40 expedientes relacionados en su mayoría con asuntos judiciales en los que la Generalitat ha sido perjudicada patrimonialmente, y así ha sido reconocido en las correspondientes sentencias.

La oficina trabaja ahora en la recuperación de hasta 20 millones de euros por distintos expedientes, añaden las mismas fuentes.

Antes de su privatización en el año 1997 las estaciones de ITV eran gestionadas por SEPIVA, una empresa de la Generalitat, y que los ingresos que se derivaban de estas actuaciones constituían una fuente permanente de ingresos públicos.

Tras la privatización, se produjeron incrementos de los precios de la inspección de vehículos y se cobraron las segundas inspecciones, que antes eran gratuitas, lo que constituyen indicios de que se pudo haberse querido beneficiar a los nuevos gestores privados. EFE

eb