EFEValència

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia propone prohibir el alquiler turístico en edificios residenciales sin permiso de la comunidad, endurecer los requisitos para darlos de alta, una mayor inspección y control y obligar a las plataformas digitales a ofertar pisos legales bajo pena de multa.

Se trata de algunas de las medidas "viables, razonables y necesarias" que su presidenta, María José Broseta, propone incluir en la Ley de Turismo y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana para evitar "la proliferación de apartamentos vacacionales en situación irregular, sin control y en edificios residenciales".

Broseta defiende este martes ante la comisión de Turismo de Les Corts que, "conscientes" de la importancia del turismo, su actividad tiene también "múltiples implicaciones" en el día a día y la noche de los vecinos y su reto es "mantener el equilibrio" entre el disfrute de los vecinos y el de los visitantes de la Comunitat.

Los vecinos creen que la nueva ley debe endurecer los requisitos para dar de alta un apartamento turístico con medidas como que sea necesario el informe de compatibilidad urbanística del ayuntamiento como requisito previo o supervisar que cumplan los requisitos vigentes bajo penas de multa y cierre como labor posterior.

Asimismo, proponen la zonificación de estas actividades turísticas y de alojamiento en función de la densidad la población y de este tipo de viviendas para "garantizar el acceso a la vivienda y evitar la economía especulativa en torno al alquiler turístico", y que la ley defina qué se entiende por zona turísticamente saturada.

Esa zonificación debe tener en cuenta que "esta modalidad turística ha de ser plenamente compatible con el uso racional o sostenible de los recursos naturales, así como con los equipamientos y dotaciones".

Además, plantea que se apruebe expresamente que cuando se trata de viviendas residenciales "solo podrán comercializarse como vacacionales aquellas situadas en edificios cuyos estatutos de la comunidad de propietarios lo autoricen expresamente".

Considera que la norma debe obligar a las plataformas digitales a ofertar pisos legales y colaborar en el control de apartamentos irregulares bajo pena de sanción económica, y cree que facilitaría la labor inspectora solicitar que acrediten el número de licencia y alta legal del piso cuando lo den de alta.

Igualmente, estiman que se debe diferencia entre alquiler compartido o colaborativo y alquiler profesional y empresarial para "acabar con el fraude de falsa economía colaborativa" y que los vecinos que la practican "se puedan beneficiar del turismo de forma hospitalaria y directa sin perjudicar al resto de ciudadanos".

Los vecinos hacen sus propuestas, entre otros aspectos, ante el aumento "desaforado" de la vivienda como bien de explotación en vez de bien fundamental que, a su juicio, incumple la reciente Ley de Función Social de la Vivienda y "pone en peligro el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada".

Asimismo, reprochan las molestias e inseguridad que se crean, los ruidos y orines, que hacen que los edificios "ya no sean de los vecinos", y critican la "gentrificación y turisticación" que hace perder la identidad a los barrios y convertirlos en "parques temáticos donde reina el 'low cost' y el descontrol".

Sus propuestas se fundamentan en datos como el aumento de las pernoctaciones y de su crecimiento en inmuebles que antes eran residenciales, en la subida de la rentabilidad de los alquileres turísticos frente a los convencionales y el aumento del precio de los alquileres en la Comunitat, unido a las previsiones del crecimiento del turismo en los próximos años "de forma muy intensa".