EFEValència

La Diputación de Valencia ha sufrido en menos de dos años y medio las detenciones de sus dos máximos responsables, Alfonso Rus (PP) y Jorge Rodríguez (PSPV-PSOE), en sendas operaciones contra la corrupción que tienen marcado a fuego el nombre de una empresa pública ya maldito para esta institución provincial: Imelsa, la actual Divalterra.

Con unos 700 trabajadores y dedicada a la gestión forestal y a las iniciativas de empleo local y rural en sus inicios, esta firma tiene ahora como objetivo principal "la promoción, apoyo y participación en actividades económicas, empresariales y sociales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los municipios de la provincia de Valencia".

Entre sus áreas figuran también la gestión del medio rural, la regeneración de zonas verdes urbanas, el medio ambiente, la planificación estratégica y el turismo, todo ello enmarcado en un proyecto global del PSPV y Compromís -socios actuales de gobierno junto a Esquerra Unida- de enterrar la Imelsa del PP con un nuevo nombre pero que ha terminado siendo investigado por varios contratos de alta dirección denunciados por la Fiscalía Anticorrupción.

Además, la actual Divalterra ya ha vivido varias polémicas políticas en estos tres años de legislatura; la más sonada, la que desembocó en la dimisión de su gerente, el socialista Víctor Sahuquillo, ante las acusaciones de la oposición de que la estaba convirtiendo en su "garito particular", con contratos fraccionados y "a dedo" relacionados con el entorno del exvicepresidente de la Diputación y asesor de Ximo Puig José Manuel Orengo, y gastos de 252 euros en alcohol cargados a la empresa que devolvió al dimitir.

Esa marcha forzada de Sahuquillo derivó en el desdoblamiento de ese cargo en dos cogerentes para intentar garantizar su transparencia, uno del PSPV (Javier Simó) y otra de Compromís (Agustina Brines).

El nombre de Imelsa lleva al menos cuatro años asociados a causas judiciales. El caso tuvo su germen en el verano de 2014, cuando EU llevó a la Fiscalía Anticorrupción unas grabaciones efectuadas durante años por el exgerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, que su suegro desveló tras un conflicto familiar.

Sin embargo, no fue hasta el 26 de enero de 2016 cuando las detenciones evidenciaron la existencia de indicios de corrupción en una red mucho más extensa de lo sospechado inicialmente e Imelsa pasó a acaparar titulares a nivel nacional, especialmente con el arresto de Rus, uno de los políticos más mediáticos que tenía el PP y cuya verborrea y vehemencia en los mítines eran jaleadas incluso por el entonces líder del partido, Mariano Rajoy.

Desde el inicio de la instrucción de aquella causa se detectaron supuestos cobros de comisiones ilegales, amaños en contratos desde varias Administraciones Públicas, blanqueo de capitales e incluso delito electoral, que se ha ordenado en una causa principal y varias piezas separadas.

En la primera de ellas, la A o la del "pitufeo", se investigan los supuestos delitos de blanqueo de capitales y delito electoral y constan como investigadas medio centenar de personas, entre ellas todos los ediles del PP en el Ayuntamiento de València -salvo uno independiente-, además de exconcejales -una de ellas, María José Alcón, se suicidó este mes-, asesores y personal del grupo.

El caso Imelsa, que tuvo su origen en una operación policial denominada "Taula", ha dejado a su paso un reguero de sospechas e imputados en las filas del PP que prácticamente han invisibilizado a esta formación en el Ayuntamiento de la capital y la Diputación de Valencia.

Con el avance de la investigación se ha ido desenvolviendo una madeja que ha alumbrado una historia de billetes escondidos tras cuadros, amenazas, grabaciones escandalosas, traiciones y lealtades fracturadas que han acabado con un PP local dirigido por una gestora y la caída del imperio de intereses que Rus tejió en la provincia de Valencia.

La causa judicial, que nació con la sonada detención de Alfonso Rus y varios de sus lugartenientes en la Diputación (Máximo Caturla, Juan José Medina y Emilio Llopis), junto con otros ex altos cargos del Consell, derivó posteriormente en la imputación de prácticamente todo el equipo que sustentó a Rita Barberá en la alcaldía durante más de dos décadas.

La causa acabó también por salpicar a la exalcaldesa, que falleció en Madrid dos días después de declarar ante el Supremo como investigada por un supuesto delito de blanqueo que fue detectado en la misma investigación y que ella había negado en varias ocasiones.

Y para el imaginario colectivo quedará ya, para siempre, la imagen de Marcos Benavent llegando a los juzgados de Valencia con atuendo hippie, pose zen y el mantra inculpatorio de que se había convertido en un "yonqui del dinero".

Carlos Bazarra