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El asilo es uno de los derechos que asisten a las personas refugiadas, pero no a todos los inmigrantes; aunque dentro del Aquarius "habrá muchos" que sí reúnan los requisitos para acceder a ese estatuto, los que no lo hagan podrán ser amparados por otras vías de protección internacional.

Lo primero que tendrá que hacer España el próximo sábado, cuando está prevista la llegada del buque y las dos naves italianas que transportan a los 630 inmigrantes, es autorizar su entrada por razones humanitarias aunque no reúnan las condiciones establecidas en la Ley de Extranjería, explica a Efe la portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres.

A continuación, lo "lógico" es que se les garantice el acceso al procedimiento de asilo, porque aunque parezca algo "obvio, no a todas las personas que llegan se les está garantizando", critica Favieres, que cree "aventurado" asegurar que todos los inmigrantes del Aquarius tendrán estatus de refugiado como hizo la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Pese a que a menudo se intercambian los términos, son los refugiados los que, a diferencia del resto de migrantes, tienen derecho de asilo, y deben cumplir unos requisitos que están perfectamente delimitados en la Convención de Ginebra de 1951, así como en la legislación española y europea.

En casos de flujos migratorios mixtos como el del Aquarius, conviven los migrantes económicos con los que huyen de la guerra o la persecución de su país, detalla la portavoz del Alto Comisionado Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), María Jesús Vega.

Para llegar a tener la tarjeta roja que acredita esta condición, los solicitantes deben demostrar que provienen de un país en conflicto o cuando existen "fundados temores" de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o político o por causas de género u orientación sexual.

Una vez presentada la petición, las Oficinas de Asilo y Refugio tienen un mes para pronunciarse sobre su admisión a trámite; cada expediente debe pasar por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio -compuesta por cinco ministerios- antes de que Interior tome la decisión definitiva.

Si esa decisión es favorable se abren tres vías de protección internacional, indica a Efe José Javier Sánchez, responsable de los programas de asilo y refugio de Cruz Roja: la de la concesión de asilo, que es permanente; la protección subsidiaria, revisable cada cinco años, o la autorización de residencia por razones humanitarias.

En este último supuesto, que no se puede prolongarse más de doce meses antes de revisarlo, entrarían casos de personas enfermas que no pueden acceder al tratamiento en su país, por ejemplo.

De ser denegada la petición, la persona, que podrá recurrir ante la Audiencia Nacional, pasará a estar en situación irregular y tendrá 15 días para abandonar España.

En 2017, nuestro país concedió 595 estatutos de refugiado, 4.080 reconocimientos de protección subsidiaria y ninguna por razones humanitarias; estos procesos no deberían durar más de seis meses, aunque lo cierto es que nuestro país acumula más de 40.000 expedientes por resolver.

Mientras llega esa resolución, los solicitantes, que en este tiempo no pueden cruzar la frontera española, tienen derecho a asistencia jurídica gratuita e intérprete, están autorizados a trabajar si su solicitud ha sido admitida a trámite y pueden beneficiarse de servicios sociales, educativos y sanitarios.

En el caso del Aquarius, señala Sánchez, "entendemos que todos van a pedirlo" pero, como las dos anteriores, cree que habrá que analizar "caso por caso".

Una vez entran en el sistema, pueden pasar hasta seis meses en casas de acogida y después en viviendas de alquiler proporcionadas por las organizaciones hasta 24 meses, tiempo en el que están inmersos en un itinerario de integración que pasa por recibir clases de idioma y formación para su inclusión sociolaboral.

Con la protección internacional ya reconocida, no podrán ser devueltos a su país, tendrán autorización de residencia y trabajo, obtendrán un documento de identidad y de viaje, podrán acceder al reagrupamiento familiar directo y acceso a servicios públicos de empleo, vivienda, programas de atención a víctimas de violencia de género o de integración, entre otros.