EFEValència

La cifra de impagos por impuestos de personas no residentes en València que el Ayuntamiento podría recuperar vía embargo de cuentas, como ya hace con las sanciones de tráfico, "no será inferior a los 15 millones de euros previstos por las multas".

Así lo asegura en una entrevista con la Agencia EFE el concejal de Hacienda de València, Ramón Vilar, quien, no obstante, afirma que prefiere no hablar de estimaciones de cifras que no tiene totalmente controladas.

Según Vilar, esta primera fase de gestión ejecutiva no tributaria de las multas "está funcionando muy bien" y de hecho dos importantes entidades bancarias ya tienen "bloqueado" un millón de euros, "el paso previo al embargo".

El objetivo es extender el convenio para hacer efectivo el pago de multas impagadas a través de embargos de cuentas bancarias de sucursales de fuera de la ciudad "a cualquier deuda tributaria impagada de IBI, ICIO, IAE o circulación que se pueda cobrar mediante un convenio con la Generalitat".

"Algo normal", según Vilar, para quien durante las dos décadas de gobierno municipal del PP lo que hubo fue "una microamnistía fiscal permanente de facto" en la que "el que no pagaba no pagaba, la inspección estaba muy relajada y sin medios, y no había convenios de gestión de cobros con la Generalitat", a pesar de ser todos del PP.

Explica que sería un "engaño" decir que se quieren bajar los impuestos y que lo "más fácil y honesto es decir que no se van a subir y para eso hay que recaudar más con una mejor gestión", lo que están haciendo, sentencia.

"Si logramos que todos paguen lo que tienen que pagar, todos tendremos que pagar menos", resume Vilar, quien reconoce que no deja de "dar vueltas a aumentar algún tipo de recaudación" pero que no afecte de forma lineal a todos los ciudadanos.

Valora el "gran esfuerzo" del consistorio para cerrar el año con una media de pago a proveedores "entorno a los 8 días", lo que supone ahorrar en intereses de demora para hacer frente a la deuda comercial y "tener más dinero líquido para inversión o gasto corriente".

En esa línea de ahorro, defiende al remodelación de la deuda bancaria que ha permitido rebajar la carga financiera este año 6,5 millones, "que en vez de ir a los bancos ahora van a las personas".

"La ley de estabilidad presupuestaria te obliga a aprobar el presupuesto del año y un marco presupuestario de los dos años siguientes y tenemos una programación de la deuda que estamos cumpliendo e incluso no descarto una amortización adelantada de 25 millones más porque tenemos mucha liquidez", asegura.

Con estas previsiones, València cerrará 2017 con una deuda de 579 millones, frente a los 658,9 del año anterior, mientras que para 2018 se situará en los 511 millones y en el marco presupuestario se espera para diciembre de 2019, que esté "por debajo de los 440 millones", según Vilar.

Respecto a la ejecución de inversiones, cifradas en 155 millones (la previsión inicial más las sucesivas modificaciones de crédito) recuerda que se liquida a final de año y que en términos porcentuales se situará igual que la del Estado, sobre el 40 %.

Sin embargo, incide en que muchas inversiones tienen carácter plurianual y se ejecutan en dos años, por lo que se "superará el 60 % de ejecución en las efectivamente previstas para el 2017".

"Eso no quiere decir que el dinero se vaya a perder. Lo que no se ejecuta un año, se ejecuta el siguiente. Puede que sea una pérdida de agilidad y de anualidad, pero no de la inversión", defiende.

Se confiesa "ni a favor ni en contra" de un "impuesto de sostenibilidad turística", como cree que se ha de llamar la tasa de turismo, y considera que debería llegarse a "un consenso porque al final tampoco es tanto".

A su juicio, debería ser un impuesto autonómico en el que "no hay que precipitarse", que diera "flexibilidad" a los ayuntamientos para su aplicación y que tuviera un tramo autonómico y otro municipal, con una parte "obligatoriamente para promoción turística y el resto para servicios".

Asegura que València "no tiene obsesión por remunicipalizar servicios", aboga por ser más exhaustivos en el cumplimiento de las contratas, tener más control financiero y protección para los trabajadores y apunta que la grúa "no se remunicipaliza, se cambia el modelo de gestión" porque era "caótica".