EFEValència

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha afirmado hoy que "si el PPCV gobierna en 2023 en la Comunitat Valenciana derogará la ley del chantaje lingüístico del Botànic “que no garantiza la libertad".

Bonig se ha reunido hoy, junto al portavoz de Educación del PP en el Congreso, Óscar Clavell y con sindicatos educativos, patronal, inspectores y asociaciones de padres y alumnos de la enseñanza pública y concertada de la Comunitat Valenciana para evaluar los efectos de la Ley Celaá.

La presidenta del PPCV ha indicado que se van a sumar a las acciones impulsadas por el partido a nivel nacional en favor de la libertad educativa y en contra de la Ley Celáa con mociones en Les Corts, las Diputaciones y los Ayuntamientos.

Bonig ha afirmado que para el PPCV "la libertad de elección de los padres es fundamental, el apoyo a la escuela pública y la concertada es fundamental y la posibilidad de elegir la lengua vehicular también, sobre todo en comunidades como la valenciana, donde tenemos la enorme riqueza de tener dos lenguas cooficiales”.

Ha añadido que están en contra "de la imposición, de eliminar el castellano como lengua vehicular y crear una confrontación, y de la ideologización de la educación, de que la inspección educativa ya no cuente".

"Desde el PPCV siempre hemos dicho que la Comunitat Valenciana era el banco de pruebas de la izquierda para iniciar su cambio de sociedad, empezando por la lengua y por la educación, y se demuestra que no estábamos equivocados, aquí sabemos cuáles han sido las consecuencias".

"Solo el PPCV en la Comunitat Valenciana ha defendido la libertad, poniendo su servicio jurídico a disposición de la comunidad educativa", ha afirmado Bonig, quien ha anunciado que la próxima semana presentará las mociones en Les Corts, Diputaciones y Ayuntamientos para garantizar la libertad y decir no a la Ley Celaá y que mantendrá una serie de reuniones con los colectivos educativos de las tres provincias.

"El PPCV quiere una educación pública y de calidad, con buenos profesores, donde se reconozca el mérito, la capacidad y la profesionalidad y el esfuerzo y una alta inspección educativa, que sea profesional e independiente", ha recalcado.

Por su parte, Clavell ha afirmado que la denominada ley Celaá "aboga por la mediocridad, arrincona el esfuerzo, el trabajo y la constancia y ha perdido la oportunidad de reformar la carrera docente",

"La Ley Celaá es una ley hecha al gusto de los independentistas, que abandona el castellano como lengua vehicular, que acaba con la libertad de elección de los padres, criticada por los propios inspectores de educación y que acabará con el futuro de los estudiantes de España y que facilitará que se titule el bachillerato con asignaturas suspensas", ha explicado.