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El Ministerio de Política Territorial selló en julio ocho acuerdos con comunidades autónomas, como la Comunitat Valenciana, con las que mantenía discrepancias competenciales, con el fin evitar que el Gobierno interpusiera recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

En un comunicado, el departamento que dirige Isabel Rodríguez informa de que acordó resolver discrepancias, además de con la Comunitat Valenciana, con Cantabria, Cataluña, Baleares, Galicia, Asturias, y Castilla y León.

"Los acuerdos se han alcanzado en el marco de las comisiones bilaterales de cooperación. Este procedimiento de negociación, recogido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, constituye un instrumento jurídicamente habilitado para que el Gobierno pueda llevar a cabo una cogobernanza eficaz con las comunidades autónomas, bajo la premisa del principio de colaboración", añade la nota de prensa.

Con la Generalitat Valenciana se ha logrado un acuerdo en distintas materias referentes a contratación, evaluación de impacto ambiental y materia fiscal, por el que la Comunitat Valenciana se compromete a llevar a cabo modificaciones normativas.

En el caso de Cataluña, se ha alcanzado un acuerdo mediante el que la Generalitat de Cataluña se compromete a declarar próximamente la pérdida de vigencia del Decreto-ley 34/2020 de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados.

En la negociación con Cantabria, el Gobierno cántabro se ha comprometido a modificar la Ley del Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada para adaptarla "al marco competencial en materia de sobrevuelo".

El acuerdo entre el Gobierno central y el balear se refiere a un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la covid-19.

En el caso de Galicia, se trata de dos acuerdos respecto a las competencias estatales sobre las bases y la coordinación general de la sanidad, y a distintas cuestiones en relación con las actuaciones concurrentes de ambas administraciones en materia de pesca y gestión de aguas.

Con Asturias, se ha llegado a un acuerdo parcial en materia tributaria, mientras que con Castilla y León el pacto es sobre las ayudas de renta garantizada de ciudadanía castellano y leonesa.

El Ministerio de Política Territorial también ha destacado que desde el mes de enero se han firmado 34 acuerdos finales, "todos ellos en procedimientos promovidos por el Estado".