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La Diputación de Alicante ha celebrado este domingo dos siglos de vida desde su creación volcada en las políticas para frenar la despoblación rural y en la defensa del trasvase Tajo-Segura, en un momento en el que es inminente el recorte de caudales.

La institución provincial ha celebrado un solemne acto en los jardines del Palacio Provincial para recordar que existe desde un 15 de mayo de 1822, en el contexto de la aprobación una década antes en Cádiz de la primera Constitución Española, 'La Pepa', de 1812.

Ante decenas de representantes de la sociedad civil, económica y política de la provincia, el presidente de la Diputación alicantina, el popular Carlos Mazón, y los portavoces de los cuatro grupos con representación, Toni Francés (PSPV-PSOE), Eduardo Dolón (PP), Julia Parra (Ciudadanos) y Gerard Fullana (Compromís) han expuesto su visión sobre estos dos siglos de andadura y han marcado algunos de los próximos retos.

El presidente de la institución ha subrayado que el mayor reto que tiene esta administración supramunicipal es frenar la despoblación en una provincia de 141 municipios donde el 88 por ciento está por debajo de los 10.000 habitantes.

"La Diputación es un plan contra la despoblación en sí mismo" y es el auténtico "sostén de los ayuntamientos" mediante inversiones continuadas que le confieren un papel de "fondo permanente de cooperación".

Mazón se ha referido a la aprobación del Plan del Tajo, que supondrá una disminución de las transferencias al Segura y ha enfatizado que el trasvase es "irrenunciable" y que la Diputación "es la única institución que siempre ha estado al lado de los regantes y los agricultores".

Más allá de la despoblación y del agua, el político del PP ha manifestado que la Diputación ha sabido evolucionar con el paso del tiempo a la par que la sociedad siempre respetando las tradiciones y símbolos de la idiosincrasia alicantina.

De esta manera, las diputaciones son "ágiles y cercanas para las políticas efectivas", por ejemplo para la inversión de infraestructuras, planes sociales, culturales o medioambientales, y ha hecho un llamamiento para conseguir que estas administraciones reciban el "legítimo reconocimiento dentro de la estructura política autonómica".

El socialista Toni Francés, también alcalde de Alcoy, ha calificado de "necesaria y útil" el papel de la Diputación aunque ha añadido que lo "será más cuando sea más eficaz y eficiente" cuando logre "actualizarse y mejorar".

Tras explicar que durante este mandato se han dado pasos "importantes" en este sentido, en materia de agua ha asegurado que el PSPV-PSOE está en la defensa de los recursos hídricos y ha considerado que la Diputación debería actuar "con lealtad y apoyarse en la administración responsable" de defender este derecho, en referencia implícita a la Generalitat, "sin caer en la tentación partidista".

Por el grupo del PP, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ve "fundamental" la labor de la institución provincial y ha valorado que sea "de las pocas" administraciones "totalmente saneada, sin deuda alguna".

Entre los partidos minoritarios, la socia del PP en el bipartito, Julia Parra, de Ciudadanos (Cs), ha defendido que "cuando las cosas funcionan, hay que seguir confiando en ellas" y ha asegurado que la Diputación de Alicante vela por la calidad y cantidad de los servicios públicos en los pequeños municipios y que sin su trabajo "todo sería más complicado".

El discurso más reivindicativo y crítico con la actual gestión de la Diputación ha correspondido a Gerard Fullana, el portavoz de Compromís, quien ha acusado al presidente, Carlos Mazón, de utilizar a menudo la institución como "contrapoder" y a favor del futuro político de éste último, ya que será el candidato del PPCV a la Generalitat Valenciana en las próximas elecciones autonómicas.

Según Fullana, el actual bipartito de PP y Cs es el que "menos ayuda a los municipios" y ha impulsado un "gravísimo" modelo de gestión "clientelar" cuando en realidad debería dar más protagonismo a los alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas autonómicas ya que éstos son los que han sido elegidos por los electores en las urnas.