EFEValència

El proyecto de ley de la Función Pública valenciana ha quedado listo para su aprobación definitiva en un próximo pleno de Les Corts Valencianes, después de que este lunes se hayan debatido y votado en comisión las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios.

Los grupos del Botànic han defendido una norma encaminada a la modernización y profesionalización de la Administración, mientras que desde la oposición han denunciado el "sectarismo" de la ley por "imponer el valenciano" en el acceso a la función pública, y han criticado que no se dé soluciones a los interinos.

La socialista Rosa Peris ha afirmado que la ley busca "solucionar los problemas que hoy se encuentran en la Administración", y pretende profesionalizar, modernizar y aplicar mecanismos para tener una Administración "lo suficientemente potente para prestar servicios públicos de calidad".

Ha acusado a la oposición de quejarse solo "de que esta ley apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres en la Administración", y de la incorporación del valenciano como "un derecho que tiene la ciudadanía de poder ser atendida" en esta lengua.

"Garantizar ese derecho es uno de los elementos que contempla la ley. No es el más importante, pero sí lo es para la oposición", ha lamentado Peris, mientras que Nathalie Torres (Compromís) ha tildado de "sectario, ideológico y poco inclusivo" el voto negativo de la oposición a esta ley.

Desde Unides Podem, Estefanía Blanes ha indicado que se trata de una ley adaptada al siglo XXI, que pone por delante tanto los derechos laborales de los trabajadores funcionarios como sobre todo el servicio a la ciudadanía que prestan.

El diputado popular José Antonio Rovira ha señalado que el único objetivo de esta ley es "introducir el requisito lingüístico", algo "que no existía y que no tiene consenso", y ha asegurado que el PPCV eliminará este requisito cuando gobierne en la Comunitat Valenciana.

Rovira ha alegado que la Comunitat "es muy distinta" a otras autonomías con lengua propia, como Galicia o Cataluña, ya que "una cuarta parte de los municipios están declarados expresamente como castellanohablantes", por lo que imponer un requisito lingüístico "no solo no es justo, sino que margina a toda la población que utiliza habitualmente el castellano".

Ha criticado, además, que la ley deja fuera la regulación del teletrabajo en la Administración pública, y no ofrece soluciones a la situación de los interinos, que representan el 45 % de la plantilla de la Generalitat.

Desde Ciudadanos, Vicente Fernández ha criticado que PSPV, Compromís y Podemos pretendan usar esta ley para hacer "una imposición lingüística del valenciano en la Administración", y ha afirmado que es una ley "del todo inoportuna, que no responde a las necesidades actuales de los valencianos".

Además, ha indicado que la ley "nace muerta, porque no regula aspectos como el teletrabajo y necesitará de una reforma inmediata", y ha acusado a los grupos del Botànic de no querer llegar a acuerdos.

El diputado de Vox Jose María Llanos ha tachado de "injusto" el requisito del valenciano introducido en la ley para ser funcionario en la Comunitat, porque "vulnera el principio de igualdad y es anticonstitucional", y ha afirmado que el lenguaje inclusivo y asexuado en la ley es una "barbarie gramatical" dentro de "la gran mentira del género".

El sindicato CSIF se ha concentrado ante Les Corts para mostrar su oposición a una norma que, en su opinión, "es un ERE encubierto, que provoca una privatización de la Administración con el nombramiento de altos cargos o que impone el valenciano como requisito para el acceso, además de omitir el teletrabajo". EFE

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