EFEValència

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy las conclusiones de la comisión que ha investigado el proceso de adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad al grupo Savia, de la familia del exconseller Juan Cotino, en las que se afirma que hubo "trato de favor" a las empresas adjudicatarias.

Las conclusiones aprobadas fueron presentadas de forma conjunta tras dieciséis meses de trabajo y 89 comparecencias por el PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos, que las han apoyado en el pleno, mientras que el PP ha votado en contra al estimar que no se ha acreditado trato de favor en un modelo que además mantiene el actual Consell.

Estas conclusiones señalan que la Generalitat, y especialmente la Conselleria de Bienestar Social, "benefició por acción u omisión" a las residencias de accesibilidad social, con las que hubo un "trato de favor", y en especial al grupo Savia.

También afirman que este resultó adjudicatario del 40 % de los centros y que el exconseller Cotino adoptó medidas "para consolidar el negocio de las mercantiles", entre ellas la de su familia, que en dos años pasaron de facturar once millones de euros a 40 millones.

Además, indican que se incumplieron los plazos de construcción de las residencias (de los veinte centros del Grupo Savia, solo uno se construyó dentro del plazo previsto en el pliego), y que se alteraron los precios de adjudicación, el número de plazas y hasta los municipios que debían contar con una residencia.

La diputada socialista Concha Andrés ha señalado que ha quedado "claro y patente" que este proceso fue "un negocio en contra de los intereses de los valencianos" y de los mayores, en el que lo que hizo Cotino fue "enriquecer de forma descarada a un grupo de empresas, y en especial de su familia".

Andrés ha destacado que los empresarios adjudicatarios venían "de poner ladrillos" y "les importaba muy poco" la atención a los mayores, pero tenían "capacidad de influencia" sobre el Consell e incluso algunos han reconocido ante el juez que financiaron al PP, y querían "repartirse el dinero" de una "gran tarta".

Mónica Álvaro, de Compromís, ha indicado que "desde el minuto cero" el modelo para estas plazas residenciales estaba "viciado de forma" y que se produjo un "incumplimiento reiterado de los preceptos legales con una sola finalidad: beneficiar económicamente" a determinadas empresas.

El diputado de Podemos César Jiménez ha destacado que el exconseller Rafael Blasco impulsó un modelo de plazas de residencias que Cotino "perfeccionó" y al que le "puso la guinda" para que sacaran "rédito" sus familiares, ya que su sobrino tenía participación en el grupo Savia.

Para Antonio Subiela (Ciudadanos) se cierra un capítulo de una "vergonzosa historia de esta tierra de gente solidaria que han hecho jirones unos caraduras llenos de ambición", en el que 2.655 ancianos se quedaron sin la plaza que necesitaban, y ha pedido aprender de los errores para no repetirlos.

La diputada del PP María José Catalá ha indicado que los otros grupos han dado un "espectáculo circense y poco riguroso" con una comisión en la que les ha "salido el tiro por la culata", pues la vicepresidenta Mónica Oltra "ha consolidado" este modelo desde su Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, paga a las mismas residencias y tiene "paralizado" desde enero un contrato para 3.300 plazas.

Catalá ha indicado que las conclusiones "reales" de esta comisión son los argumentos de la Fiscalía cuando archivó esta causa tras no ver "tráfico de influencias" en la actuación de Cotino, y ha indicado que los otros grupos solo han buscado atacar al PP.