EFEValència

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que la organización, la participación y la ética son los nuevos retos a los que se enfrenta el proceso de construcción de un Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales que atienda al conjunto de la ciudadanía en condiciones de igualdad y equidad.

Oltra ha presentado los principales aspectos del desarrollo normativo de la ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana a través de tres nuevos proyectos de decreto: el de tipologías de centros, servicios y programas; el que regula los órganos de participación y el Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales; y el que aborda los comités de ética.

"Hemos iniciado un cambio en el sistema que ya es una realidad en todo el ámbito público, y que con este próximo paquete normativo queremos ampliar a todo los rincones de los servicios sociales, con independencia de cual sea su titularidad", ha manifestado la vicepresidenta, quien ha estado acompañada en el acto por el secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema, Xavier Uceda, y el director general del Ivafiq, Joan Crespo.

La vicepresidenta ha recordado que la aprobación de la ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana la pasada legislatura supuso la generación de un nuevo marco que es la base sobre la que se construye el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales que ya se ha estado desarrollando, en referencia a decreto de Ordenación, el de Coordinación y Financiación de la Atención Primaria o el Mapa de Servicios Sociales.

Estos textos han permitido el desarrollo de instrumentos como el contrato programa que da estabilidad a los profesionales de los servicios sociales municipales, que "ya no son despedidos y vueltos a contratar cada año".

Este año se han destinado cerca de 93 millones de euros a la contratación de equipos de atención primaria de los ayuntamientos, lo que ha supuesto multiplicar por 10 la inversión y el número de profesionales a contratar.

Sobre el decreto de Tipologías, sirve para establecer los principios comunes del sistema en el conjunto de la Comunidad Valenciana y aglutina una información que hasta ahora estaba dispersa y en muchos casos era incoherente o inexistente.

"Supera un ordenamiento jurídico de hasta 12 normas, algunas como en el caso de la que afecta al sector de la diversidad funcional y la exclusión social que se remontan a 1990", ha afirmado, y ha destacado que el decreto de Tipologías supone dar un salto de 30 años en el ordenamiento normativo, ofreciendo una guía en la que cualquier persona, profesional o usuaria, podrá encontrar toda la información para cada tipología de recursos. EFE

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