EFEValència

El Partido Popular ha elaborado una propuesta para luchar contra la ocupación ilegal y las mafias que las promueven que contempla el desalojo exprés entre las 12 y 48 horas desde el inicio de la ocupación, endurece las penas por los delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas y dota a las asociaciones de vecinos de herramientas para poder desalojar a un ocupa.

Así lo ha explicado este sábado en València el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia del Congreso, Luis Santamaría junto a su homólogo en el Senado, Fernando de Rosa y el portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, Alfredo Castelló en una rueda de prensa ofrecida en el partido, según un comunicado de la formación.

En este sentido, el diputado valenciano ha señalado que el PP “es el partido antiocupación” y por ello “hemos presentado una propuesta que consigue cerrar el ordenamiento jurídico, consigue coserlo”, para que “no haya un resquicio legal al que se pueda acoger una persona que ocupa ilegalmente una vivienda”.

"Como no se puede adoptar medidas cautelares como el desalojo, las personas que ocupan ilegalmente un inmueble deben esperar a juicio hasta que llega el desalojo, pero esta medida apuesta por el desalojo exprés en la mayor brevedad posible, de entre 12 y 48 horas”, ha indicado.

Santamaría ha explicado que esta norma tiene "tres claves": la primera es que no afecta a las personas que lo están pasando mal a causa de la crisis y, señala, “aquí es donde entran las medidas sociales diseñadas por el PP”.

Además, añade, es una norma que pretende luchar contra las mafias de la ocupación ya que “durante el confinamiento se ha multiplicado por cuatro la ocupación de vivienda normalmente gestionadas por mafias” se trata de “luchar contra aquellos que hacen de la ocupación un negocio” y, por último, pretende “poner fin a los problemas vecinales que genera la ocupación ilegal”.

Según ha destacado, esta propuesta propone dotar a las asociaciones de vecinos de herramientas jurídicas para poder poner en marcha los procedimientos necesarios para desalojar a los ocupas.

Así, plantea el agravamiento de las penas de delitos como el allanamiento y usurpación y contempla el agravamiento de las penas para quienes inciten a ocupar incluyendo la pena de inhabilitación para desempeñar cargo público, porque “no tiene sentido que haya personas que ocupen cargos públicos que hagan manifestaciones en contra del ordenamiento jurídico que les habilita a tener ese cargo”.

“Se trata de una medida contra las mafias y los ocupas profesionales, y que no afecta a las personas que lo están pasando mal”, ha señalado.

Por su parte, el diputado autonómico y portavoz de Vivienda en el GPP, Alfredo Castelló, ha desmontado los datos ofrecidos por el Presidente Puig “que intentan hacer más pequeño el problema que nada tiene que ver con la realidad”.

Así, ha advertido de que en la Comunitat en lo que va de año se ha registrado ya 560 ocupaciones ilegales, lo que supone un crecimiento del 14%, y significas que "cerraremos el año con más de 1.000 viviendas ocupadas ilegalmente en la Comunitat".

Castelló ha señalado que del parque público hay 840 viviendas desocupadas pendiente de hacer obras para destinarla a gente sin recursos, “840 vacías sin que nadie pueda vivir en ellas porque el Consell no las arregla” y por otro lado el Consell tiene 1305 “ocupadas de forma ilegal, y Puig no hace nada. Más de dos mil viviendas del parque público qu eno se están utilizando".

En este sentido, ha explicado que en la Comunitat hay 15.231 familias que tienen derecho a una vivienda y además hay 9.583 familias en lista de espera para acceder a una, es decir, "25.000 familias esperando a que el Consell les conceda una vivienda mientras Puig habla del derecho a la vivienda pero no hace nada mientras se ocupa el parque público de forma ilegal"

Por último, Castelló ha señalado que la ejecución de la conselleria de vivienda es del 4,7%, de 315 millones solo ha gastado 15 millones faltan 300 millones “pero no les importa”.

Por su parte, el senador Fernando de Rosa ha señalado que el PP ha iniciado una campaña de firmas para defender el derecho a la propiedad privada, “un manifiesto antiocupación contra las mafias que quieren hacer negocio con la ocupación ilegal de vivienda”.