EFEValència

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha expresado el respeto absoluto a las partes que han llegado a un acuerdo con los ocho procesados por el accidente de Metrovalencia de 2006 y ha afirmado que la comisión de investigación ya determinó la responsabilidad política del siniestro.

Puig ha manifestado que la comisión parlamentaria de investigación ya hizo su trabajo en la determinación de responsabilidad política y es "obvio" que hubo una responsabilidad política y que se produjo una gestión política "deficiente" que afectó "al sentido básico de la humanidad", ya que "se maltrató" a las víctimas desde el Gobierno valenciano.

Ha destacado el compromiso del actual gobierno con las víctimas -43 muertos y 47 heridos- y con los compromisos adoptados a partir de esa comisión que querían generar seguridad en un servicio público fundamental como es el transporte ferroviario urbano, que se plasmó en la Ley de Seguridad Ferroviaria.

"Tenemos que mejorar cada día este servicio público" que es Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), más en un entorno de movilidad limpia y segura como una de las características del crecimiento sostenible, ha añadido.

Ha recordado que su primera actuación como president de la Generalitat fue pedir perdón a las víctimas del accidente porque "no fueron tratadas con justicia y con humanidad y no encontraron la respuesta que le correspondía dar al que tenía la titularidad del servicio, que era la Generalitat".

Hubo unas responsabilidades políticas que la propia comisión ya situó donde correspondían, ha reiterado, en alusión a los responsables que identificó la comisión: el expresident de la Generalitat Francisco Camps, el ex director general de Transporte Vicente Dómine, el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el exportavoz parlamentario del PP Serafín Castellano y el exvicepresidente del Gobierno valenciano Juan Cotino.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha alcanzado un acuerdo con los ocho procesados por el accidente de Metrovalencia del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, que contempla la retirada la acusación para cuatro de ellos y penas de 22 meses de prisión para el resto.