EFEValència

El Juzgado de Instrucción número 2 de València ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el sindicato CSIF contra la Conselleria de Sanidad por no proteger a sus profesionales, y ha dado traslado también de las actuaciones a la Fiscalía.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado este sindicato, que denunció el pasado 15 de abril por vía penal a la Conselleria ante la falta de protección al personal sanitario, algo que considera que puede constituir, entre otros, un delito de prevaricación por omisión o de homicidio imprudente.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explicaba en su denuncia que a pesar de las recomendaciones, declaraciones y advertencias de los diferentes organismos e instituciones por la pandemia del coronavirus, la Conselleria "incurrió en una evidente inactividad", lo que causó la desprotección de sus trabajadores.

Según informa el sindicato, el Juzgado de Instrucción número 2 ha determinado, ante la denuncia de CSIF, que procede a "incoar diligencias previas, de conformidad con lo establecido en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos, por si fueran constitutivos de un delito de los comprendidos en dicho artículo".

También anuncia que "pasa las actuaciones al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre la competencia y admisibilidad de la denuncia".

CSIF ha recordado que interpuso esta denuncia contra todas aquellas personas que por su condición de autoridades y responsables de la Conselleria de Sanidad y de cualquier otra instancia pudieran resultar criminalmente responsables.

En ese escrito, relataba cómo desde el 31 de enero había estado advirtiendo a la Conselleria del peligro de la COVID-19 y preguntando por el material de protección para el personal sanitario sin que la Administración adoptara medidas.

"Esta falta de medios es pública y notoria, y ha dado lugar a un elevado número de contagios entre profesionales sanitarios e incluso al fallecimiento de varios de ellos. Este personal infectado representa más del 15 % del total de casos de contagios en la Comunitat", destaca el sindicato.

CSIF recalcaba en su denuncia que la obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la empresa, o en este caso administración empleadora, "implica también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad".

Subrayaba, además, que la citada obligación legal de proteger a los trabajadores "está siendo incumplida de manera palmaria por la administración denunciada desde el primer momento de enfrentar la epidemia".

Para CSIF, esa inacción de Conselleria "podría ser constitutiva de un delito de prevaricación por omisión, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, y de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, previsto y penado en los artículos 316, 317 y 318 del Código Penal.

También cree que puede ser constitutiva de tantos delitos de lesiones y homicidios imprudentes como trabajadores hayan resultado contagiados o fallecidos por COVID-19, como consecuencia de la inacción y falta de previsión de la administración sanitaria autonómica.