EFEValència

El catedrático de Derecho Constitucional y exministro de Justicia Fran Caamaño ha defendido este martes en Les Corts Valencianes la necesidad de que las comunidades autónomas "lideren" un proceso hacia la justicia de proximidad que ayude a descongestionar los procedimientos por asuntos menores en los juzgados.

Caamaño ha comparecido esta mañana de forma telemática en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local del parlamento autonómico para proponer medidas a la comisión especial de estudio para la reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunitat tras la pandemia del coronavirus, y ha abogado también por la puesta en marcha "real" de la Ley del Registro Civil, que permita a las autonomías aliviar los asuntos relativos a esta materia.

Ha lamentado las colas que se están produciendo en los registros civiles para obtener documentación y certificados a los que podría accederse desde casa, de forma informatizada, por lo que ha apostado por "activar políticamente" la trasferencia de estos servicios a las comunidades autónomas en coordinación con el Ministerio de la Justicia.

"El Registro Civil está en manos del Estado porque se considera poder judicial cuando nada tiene que ver con juzgar y hay que llevarlo al lugar que es competente, que son las comunidades autónomas", ha aseverado.

El profesor de Derecho Constitucional ha señalado asimismo que la Justicia de Proximidad y la Ley de Mediación permitiría descargar muchos de los procedimientos que son competencia de las autonomías, y propone realizar protocolos de actuación que eviten desplazamientos a prestar declaración a los juzgados, de forma consensuada entre las partes.

No se trata de "imponer" una ley de mediación, ha precisado, sino de crear la figura de la "autoridad de resolución de conflictos" que siempre debe ser voluntaria.

A juicio de Caamaño, es necesario además regular el acceso de los ciudadanos a la Justicia de forma telemática, ya que ha lamentado la dificultad para acceder a la información, estableciendo enlaces en los canales públicos informáticos de las autonomías.

"Hay que facilitar la accesibilidad también en las comunicaciones judiciales directamente a través de un mensaje al teléfono móvil" como se hace en otros países, ha defendido.

Considera asimismo que asuntos menores, como sanciones leves, impagos por obras menores, alteraciones del orden público o contaminación deberían someterse a la mediación para descongestionar la Administración de la justicia.

Preguntado por el grupo parlamentario Vox sobre la "legalidad" de la declaración del estado de alarma, ha manifestado que "no hay que tener miedo a la reforma de la Constitución" y que la decisión se adoptó atendiendo la pandemia, un escenario que evidentemente en 1978 no se podía predecir, y que ha llevado a la interpretación para atender a la grave crisis generada por la covid.

"Se ha intentado salvar el espíritu de la Constitución, estableciendo garantías" de los derechos ciudadanos, y se ha mostrado convencido de que el Tribunal Constitucional contemplará también la necesidad de esta interpretación de la Ley constitucional.

Caamaño ha abogado por último por que la crisis generada por la pandemia debe llevar a una reflexión sobre "lo que ha funcionado bien y lo que no" y establecer una agenda estatal para coordinar actuaciones en el sistema nacional de salud.

"Cuando hay crisis que afectan a personal la mejor solución es estar cerca de ellas", ha concluido. EFE

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