EFEValència

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga supuestas contrataciones irregulares en la empresa pública Divalterra de la Diputación de Valencia ha citado como investigados a nueve personas que presuntamente se beneficiaron de ese "enchufe" laboral.

Tres de los citados forman parte de candidaturas en los próximos comicios municipales, dos de ellos por el PSPV-PSOE y un tercero por Compromís, según han confirmado ambos partidos.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez cita a Pau Pérez Lledó, José Luis Melero Martí, María Soledad Torija Urbano y Raúl Ibáñez Fos el próximo 3 de junio a las 10 horas.

Para el 7 de junio a las 10 horas se ha citado también a Manuel Carot Martínez, Miguel Ángel Ferri Llopis, Salvador Femenía Peiró, Víctor Jiménez Bueso y Vicente Lucas Ferrando Zapater.

Salvador Femenía y Víctor Jiménez son los candidatos socialistas a las alcaldías de Alquería de la Comtessa y Rocafort, respectivamente, mientras que José Luis Melero es el número dos de Compromís por Silla.

Según consta en el sumario de esta causa, la UDEF considera ilícitas sus contrataciones como personal de alta dirección en Divalterra, ya que se realizaron, al parecer, sin los preceptivos informes jurídicos ni financieros y, según la declaración de testigos, por indicación de Presidencia o asesores cercanos.

La UDEF ha cifrado en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de estas siete personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno.

En esta causa ya constaban como investigadas seis personas, entre ellas el alcalde de Ontinyent, exmilitante del PSPV-PSOE y expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

También su ex jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario-letrado de Divalterra, Jorge Cuerda; el exasesor Manuel Reguart y los exgerentes Xavier Simón Alventosa y Agustina Brines, con acusaciones todos ellos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. EFE

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