EFEMadrid/València

La Fiscalía ha abierto 14 nuevas investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de la COVID-19 hasta alcanzar un total de 176, casi la mitad de todas ellas en la Comunidad de Madrid y únicamente una en la Comunitat, en un centro de la provincia de Castellón.

Son datos actualizados por la Fiscalía General del Estado a 1 de junio sobre las diligencias de investigación incoadas por el Ministerio Público.

En este informe se indica que se han incoado diligencias de investigación penal que siguen en trámite y que se han remitido a la sección territorial de Gandia, al estar relacionadas con una residencia de esta localidad.

El Ministerio Público informa de que en la Comunitat se han archivado dos diligencias penales que fueron abiertas a instancia de un partido político, por falta de concreción de los hechos.

Asimismo, se informa de que se ha procedido al archivo de dos diligencias de índole civil en Alcoy, como consecuencia de haberse comprobado la inexistencia de situaciones de desatención, desamparo o irregularidades en las residencias que han sido objeto de seguimiento, y de que se ha incoado un nuevo expediente para el seguimiento de la situación de una residencia en Alicante.

En el balance se informa de que en la Comunitat Valenciana actualmente hay incoadas 19 diligencias pre-procesales civiles relacionadas con residencias afectadas por COVID-19, doce en Valencia (cuatro más que en el anterior informe), cuatro en Castellón y tres en Alicante.

Se informa de una cuarta en la provincia de Alicante, concretamente en la fiscalía del área de Elche-Orihuela, que fue archivada 18 de mayo por por cuanto su incoación se produjo por conducta inapropiada de dos trabajadoras (que no afectó a los residentes) y se ha comunicado a la Fiscalía la apertura de expediente disciplinario.

La Fiscalía informa de que prevé el archivo de algunas diligencias preprocesales que se refieren a centros en los que no se ha advertido ninguna deficiencia en la actuación de la residencia.

En toda España el global de investigaciones se resume de la siguiente manera: la Comunidad de Madrid encabeza la tabla con 82 diligencias, seguida de Cataluña (32), Castilla y León (20), Castilla-La Mancha (18) Galicia (14), Extremadura (5) y Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y La Rioja con una en cada región.

Asturias, Canarias, Cantabria, Murcia, Navarra y País Vasco son la comunidades en las que no consta ninguna investigación penal en curso porque los procedimientos se han archivado.

Las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía en los diferentes ámbitos territoriales tienen como origen denuncias interpuestas por partidos políticos, particulares y asociaciones, entre otros, algunas "muy genéricas o de índole prospectiva", lo que en ocasiones conduce a su archivo. Así ha sucedido esta semana con seis diligencias, cinco en Castilla y León y una en Aragón.

A estas actuaciones de Fiscalía hay que sumar los 22 procedimientos en marcha en los distintos juzgados del país: Comunidad de Madrid (6), Castilla y León (5), Murcia (3), Cataluña (3) Castilla-La Mancha (2) y uno en Aragón, Extremadura y Galicia.

Más allá de las investigaciones penales, la Fiscalía también ha impulsado alrededor de 190 diligencias de índole civil en el marco del seguimiento de la situación de las residencias y centros de mayores distribuidos por el país.

En estas diligencias, explica la Fiscalía, "se solicita y recibe información actualizada de forma permanente" respecto de la situación de los centros de mayores.