EFEValència

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el proyecto de ley de la Función pública valenciana, que "por primera vez en la historia de la autonomía" exigirá al empleado público que quiera acceder a la Administración el requisito de una capacitación lingüística del valenciano, que será "proporcional y adecuada al puesto".

Así lo ha explicado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en la rueda de prensa posterior al pleno, en la que ha destacado que la Comunitat Valenciana era la única autonomía con lengua propia que no exigía el requisito de conocerla, debido a que "en 40 años de vida democrática aquí no se había apostado por la lengua" como ahora.

Bravo ha precisado que, al igual que el resto de Comunidades bilingües, será un reglamento el que determinará los niveles de capacitación lingüística que se exigirán a los empleados públicos, por lo que no hay ningún "conflicto" en desarrollarlo tras la aprobación de la ley -que fija un año desde la entrada en vigor de la norma- ni se ha hecho "renuncia a nada".

Se ha mostrado convencida de que "antes del ecuador de la legislatura" estará ese reglamento, y como muestra de que hay una "voluntad política decidida" ha explicado que se va a constituir una comisión de expertos, con técnicos de Política Lingüística y Función Pública, entre otros, que en paralelo a la tramitación de la norma en Les Corts hará un "estudio preparatorio" para la elaboración del reglamento.

Bravo, quien ha recordado que esta ley es una de los ejes del pacto del Botànic, ha afirmado que se han recogido más del 75 % de las propuestas que los sindicatos plantearon al anteproyecto de ley de enero de 2018, y ha asegurado que permitirá tener unos servicios públicos para atender las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI.

La norma, formada por 191 artículos y varias disposiciones, busca "rejuvenecer el capital humano" de la Administración -en la que casi el 50 % de funcionarios se jubilará en esta década-, dar estabilidad a unas plantillas con alta temporalidad, y garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la Administración.

Entre sus novedades, la consellera ha explicado que se profundiza en los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública, que se exigirán no solo en las oposiciones, sino también para incorporarse a las bolsas de empleo público, y desaparece la exigencia del máster para acceder al empleo público, pues bastará con la titulación.

Además, la Generalitat pasará de tener 201 cuerpos y escalas a 91, lo que permitirá mayor movilidad dentro de la Administración, y se creará la Escuela Valenciana de la Administración Pública, que tendrá todas las competencias en selección, para agilizar los procesos selectivos.

La norma incluye una nueva figura, la del personal directivo profesional, referida a los puestos de mayor responsabilidad en la Administración pública, a los que podrán acceder tantos los empleados públicos como personal de fuera, y el compromiso de que en el plazo de un año desde la convocatoria de oposiciones se celebren los exámenes.

Bravo ha señalado que la norma incluye un régimen específico de protección del empleado público que denuncie prácticas corruptas o actuaciones irregulares de altos cargos de la Administración, y ha asegurado que será la ley más avanzada en materia de igualdad cuando se apruebe.

Así, la norma incluirá la prohibición de la discriminación directa o indirecta tanto en la retribución como en la formación de las plantillas públicas por razón de sexo, y la de cesar a personal interino temporal en situación de riesgo durante el embarazo o que esté disfrutando del permiso de maternidad o paternidad.

Además, se facilitará que la situación de embarazo, riesgo o parto no impida la participación de las mujeres en los procesos selectivos, quienes podrán hacer el examen en otro momento, y se amplían los derechos de las funcionarias víctimas de violencia machista.