EFEValència

La imposibilidad de acceder a las Administraciones para obtener servicios básicos sociales o sanitarios y las graves limitaciones de éstas para responder a las demandas de la ciudadanía, en el durísimo contexto de la pandemia, han concentrado las quejas al Síndic de Greuges en el año 2020.

Así se refleja en el Informe Anual de 2020 de la Sindicatura, que este martes ha entregado el defensor del pueblo autonómico, Ángel Luna, a Les Corts Valencianes, donde consta que se han tramitado 4.065 nuevas quejas, 30 de oficio, y 16.052 consultas ciudadanas.

"La pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la Administración pública como proveedora no sólo de servicios públicos esenciales, sino de impulso a la economía y de soporte en situaciones límite", plantea el síndic en el informe, en que destaca las graves limitaciones de las Administraciones para ser eficaces.

Luna lamenta que se diseñen procedimientos administrativos con tramitaciones complicadas, cargadas de requisitos que, más que nada, son impedimentos a sortear por la ciudadanía, y cita como ejemplo que a la hora de solicitar ayudas se incumple el derecho legal de las personas a no tener que aportar documentos que ya obran en poder de las Administraciones, como el DNI, datos tributarios o certificados de empadronamiento.

En este sentido, considera que abordar la modernización de las Administraciones, de sus procedimientos, sus prácticas y su capacidad de comunicarse con la ciudadanía "es una imperiosa necesidad y el reto de futuro que debemos afrontar".

Indica que a tenor de las quejas recibidas, ha constatado que el funcionamiento de la Administración sanitaria ha provocado un elevado grado de insatisfacción entre amplios sectores de población, relacionada más con problemas organizativos que de asistencia o práctica sanitaria.

Se ha perdido la inmediatez y la cercanía en la atención primaria, lo que sumado a la disparidad de criterios en las diferentes demarcaciones sanitarias para hacer pruebas y obtener resultados, los numerosos cambios de protocolos sobre el funcionamiento de los centros de salud y la falta de información clara y sencilla a la ciudadanía han generado situaciones de desamparo.

La Sindicatura tramitó una queja de oficio sobre la situación de la Atención Primaria en la Comunitat Valenciana, y en febrero abrió, ante las reiteradas quejas de la ciudadanía, una investigación de oficio sobre las listas de esperas quirúrgicas, que tuvo que ser replanteada ante la dimensión adquirida por la pandemia.

La gestión de las ayudas a personas en situación de pobreza y exclusión han sufrido grandes dificultades durante la pandemia, debido a la falta de agilidad y eficacia de unos que los servicios sociales municipales "hace tiempo que se encuentran al borde del colapso".

Las demoras en las citas para recibir una primera atención han sido bastante generalizadas, y también se han agudizado los retrasos en la tramitación y resolución de los expedientes de dependencia, de renta valenciana de inclusión y en la obtención de certificados de grado de discapacidad.

Las nuevas ayudas de emergencia, creadas para hacer frente a los daños provocados en diferentes sectores económicos, han centrado también varias de las quejas recibidas durante 2020, y han puesto de relieve tanto el voluntarismo de los poderes públicos como su desconocimiento sobre las aptitudes de su aparato administrativo para llevarlas a efecto.

La Sindicatura destaca que los efectos de la covid-19 se han dejado notar de forma muy especial y dramática en las personas mayores y, especialmente, entre las que viven en residencias, ya que, según viene denunciando el síndic desde hace años, éstas no están adecuadas a la normativa vigente.

El caso más grave que ha investigado el Síndic se recoge en una queja de oficio sobre la atención que reciben los residentes en la Residencia de Personas Mayores Dependientes (RPMD) Altabix de Elche, un centro de titularidad pública de gestión integral.

También se han tramitado quejas presentadas por familiares de personas mayores atendidas en residencias, relativas a la regulación del régimen de visitas, por el gran impacto que el aislamiento y el distanciamiento ha tenido en las personas mayores.

En materia de Educación, se han recibido numerosas quejas de familias de alumnado con necesidades educativas especiales, pero también sobre la dificultad para garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades a una parte del alumnado que no dispone en su hogar de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar la actividad lectiva de forma virtual.

A lo largo de 2020, el síndic ha continuado tramitando las quejas de personas que relataban la demora que se venía produciendo para ver atendida su solicitud de adjudicación de una vivienda pública, y ha percibido que el procedimiento diseñado no presenta la sencillez y claridad que resulta necesaria y deseable.

Por último, el informe destaca la falta de avances en materia de transparencia de las Administraciones, y lamenta que de forma persistente se ignoran las peticiones de información presentadas por la ciudadanía, así como las quejas de los representantes políticos en labores de oposición por falta de acceso a información pública.