EFEValència

La fiesta ilegal en la azotea del colegio mayor Galileo Galilei de València que originó, al menos, 168 casos de coronavirus fue una "grave violación" de la norma anticovid y para algunos directivos y trabajadores, los convocantes y los alumnos participantes ya identificados se ha propuesto una sanción que contempla multas de entre 601 y 30.000 euros.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien ha detallado las conclusiones de la investigación policial llevada a cabo y ha advertido de que este tipo de sanción puede acarrear el cierre temporal del centro, aunque será el expediente sancionador el que determine las cuantías y las diferentes responsabilidades.

Bravo ha indicado que, según el informe elaborado por la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat, el director y el coordinador del Galileo Galilei tienen responsabilidad "por el total descontrol", "inacción" y "falta de medidas", así como el propio centro como empresa.

Igualmente, ve responsables a los miembros del consejo colegial, convocantes de la fiesta, así como a los participantes en la misma, lo que suma, de momento, un total de cuarenta alumnos identificados, entre los que estuvieron en la azotea y en sendas fiestas en dos habitaciones que se iniciaron cuando se disolvió la de la terraza.

La consellera ha recordado que a consecuencia de este brote, la Universidad Politécnica de Valencia, en cuyo campus está el colegio, tuvo que suspender las clases presenciales y darlas virtualmente durante dos semanas, lo que afectó a 25.000 alumnos, y ha apelado a la "responsabilidad" para que no se repita que un "comportamiento incívico" ponga en riesgo la salud de todos.

Bravo ha recordado que, a instancias de la Conselleria de Innovación y Universidades, la Policía Autonómica inició la investigación por posible incumplimiento del decreto de las medidas de seguridad por la covid para determinar los hechos, la responsabilidad y las posibles sanciones a imponer.

Así, ha añadido que entre el día 6 y el 16 de este mes, los agentes han recopilado material audiovisual que ha permitido identificar a "muchos" los asistentes a la fiesta, que superan el medio centenar, aunque ha asegurado que todavía trabajan en identificar a todos.

Además, se ha tomado declaración al director de la residencia, al coordinador académico y a los dos recepcionistas que trabajaban la noche del 26 de septiembre, en que se celebró la fiesta, así como a los miembros del consejo colegial, el órgano que promueve las actividades lúdicas en el colegio mayor.

Según el relato policial, el pasado 26 de septiembre una llamada anónima a la recepción del colegio advirtió de una fiesta ilegal en la azotea del centro "con personas bailando y bebiendo", por lo que el trabajador "la disolvió".

Sin embargo, sobre la una de la madrugada la Policía Nacional recibió el aviso de que en una de las habitaciones del colegio se celebraba una fiesta y cuando se personaron los agentes identificaron a sus veintidós participantes, que "no tenían ninguna medida de seguridad ni guardaban las distancias".

Más de madrugada, entre las 3 y las 4 horas, hubo otro aviso a la Policía sobre otra fiesta en otra habitación del mismo colegio en las mismas condiciones de falta de seguridad, y de nuevo fueron identificadas seis personas.

En total, según se ha detallado tras la rueda de prensa, se ha identificado a unos cuarenta alumnos que participaron en alguna de las tres fiestas, incluidos los que forman el consejo colegial.

El grupo de espectáculos de la Policía Autonómica ha concluido de "manera categórica", según Bravo, que los hechos constituyen una "grave violación de la normativa para prevenir la covid-19" y que queda "clara" la responsabilidad de la dirección del colegio por "falta de diligencia" y permitir la fiesta por "inacción".

"Queda acreditada la falta de rigor en las funciones de control de la directiva del centro", ha indicado Bravo respecto al informe que concluye que es "innegable" la responsabilidad de los miembros del consejo colegial que, aunque aseguraron que habían desconvocado la fiesta, se ha acreditado que fueron a la misma.

También se apunta a la responsabilidad de los usuarios de las habitaciones donde se celebraron sendas fiestas, tras disolverse la de la azotea, así como de los participantes, que aún siguen siendo identificados.

"Para ellos se propone una sanción grave, que contempla una multa de entre 601 a 30.000 euros", ha agregado la consellera, que ha instado a "reflexionar" sobre lo ocurrido y a "no mirar para otro lado" y comunicar a la autoridad fiestas o reuniones que incumplan la normativa.