EFEValència

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la consellera de Sanidad a entregar al PPCV la documentación solicitada por el portavoz de Sanidad del grupo popular en Les Corts, José Juan Zaplana, y que, según esta formación, Ana Barceló negó sobre "vacunación irregular".

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano considera en su sentencia que "se ha vulnerado el derecho fundamental a obtener de la Conselleria de Sanidad, a través del president de les Corts, la documentación requerida", según ha compartido el PPCV en un comunicado.

José Juan Zaplana ha aplaudido el fallo y ha señalando que los tribunales condenan así la actitud del Gobierno de Ximo Puig de "esconder su pésima gestión de la pandemia, obstaculizar la labor de la oposición e intentar camuflar las pifias de su consellera".

"Los tribunales nos dan la razón en lo que continuamente estamos sufriendo en Les Corts con estos gobiernos de izquierda que es el boicot permanente a la labor de la oposición y la falta de transparencia, algo de lo que presumían y el tiempo ha dejado constancia que el oscurantismo es la práctica habitual del gobierno de Puig", ha manifestado el diputado popular.

Según ha indicado Zaplana, a raíz de la "polémica surgida por la vacunación irregular de determinadas personas" a primeros de año, solicitó el listado de todos los que se les ha administrado la vacuna COVID 19 sin estar incluidas en la lista inicial de grupo prioritario para la primera fase de vacunación.

Ello, con cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, pero "detallando los casos en que se trate de personal funcionarial al servicio de la Administración Pública y especificando el órgano al que pertenecen y cargo dentro de la Administración a la cual se adscribe".

Posteriormente, el diputado popular también solicitó copia de todos los informes de la Consellería sobre la administración o no de la segunda dosis de la vacuna COVID 19 a las "personas a las cuales se les ha administrado irregularmente", una documentación que "la Conselleria se negó a aportar, pese a que la propia Barceló la comentó en rueda de prensa".