EFEValéncia

El 90% de los delitos de odio permanece oculto porque solo se denuncia, como mucho, un 10 % de ellos, según ha señalado hoy la consellera de Justicia valenciana, Gabriela Bravo, y ello a pesar de que las denuncias por estas agresiones hayan subido un 5 % este año en la Comunitat Valenciana, según datos del Ministerio del Interior.

"Nos preocupa mucho la actitud silente de las víctimas, estamos ante un problema muy invisible. Ahora es por homofobia, antes era por racismo, pero solo se denuncia entre un 3 % y un 10 % de los delitos de odio", ha señalado Bravo, quien ha destacado el interés de la Fiscalía en la persecución penal, a la que se suma la posibilidad de actuaciones administrativas.

"Las víctimas tienen que estar informadas", ha explicado hoy Bravo, quien ha participado, junto a la Delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, en un encuentro con fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad para constituir un grupo de trabajo contra estos delitos. El grupo ha acordado editar una guía dirigida a víctimas que se repartirá en cuarteles, comisarías y sedes de colectivos sociales, según ha informado Calero.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron o investigaron a un total de 47 personas en la Comunitat Valenciana en 2020 por ser autores de presuntos delitos de odio, un 17 % menos que en 2019 –se contabilizaron 57 personas-. En total, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron conocimiento de 151 incidentes relacionados con esta tipología delictiva, un 5 % más que el año anterior, fecha en la que se conocieron 144 denuncias en el territorio valenciano.

De este modo, la tasa de delitos de odio por cada 100.000 habitantes se sitúa en el 3 % en la Comunitat Valenciana, el mismo porcentaje que la media nacional. La mayoría de infracciones penales están relacionadas con el racismo y la xenofobia -58-, ideología -24- y discriminación por razón de sexo/género - 24-.

Así lo recoge el Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España correspondiente a 2020 publicado por el Ministerio del Interior recientemente, informa la Delegación del Gobierno.

Gabriela Bravo ha hecho un llamamiento a todas las personas que sean víctimas de delitos de odio o de actos contra su dignidad a causa de, por ejemplo, su orientación sexual, a que acudan a la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, a las ONG o a las unidades especializadas que se están creando en Policía Nacional y Local, para que las instituciones actúen, bien mediante la persecución penal o, en su caso, mediante sanciones administrativas.

"Quiero trasladar a las víctimas que las oficinas de esa red tienen protocolos para atenderles, están desplegadas en 33 partidos judiciales, pueden acudir y no necesitan denunciar, serán informadas jurídicamente y recibirán apoyo psicológico e información de prestaciones sociales", ha explicado Gabriela Bravo, mientras que Calero ha declarado que "estos actos son contrarios a la dignidad de las víctimas, pero también van contra la dignidad de una sociedad democrática, que no los puede tolerar".

"Las unidades especializadas en la Policía son importantes, y por eso vamos a avanzar en la formación de los agentes. Pronto me reuniré con el Colegio de Abogados de la Comunidad para desarrollar la formación de los abogados de oficio también", ha explicado Bravo, quien ha admitido que es posible que se estudie una Ley Integral valenciana contra los delitos de odio, aunque es algo que va más allá de sus competencias como consellera. "No anuncio nada, tendría que ser una decisión del Consell, el poner en marcha una norma así".

El objetivo del grupo de trabajo es abordar, desde una perspectiva técnico-policial, el repunte de infracciones penales relacionadas con la discriminación por razón de sexo/género o racismo en el territorio valenciano. El grupo de trabajo de delitos de odio que ha impulsado la Delegación del Gobierno está constituido por las tres subdelegaciones de Alicante, Castellón y Valencia, y representantes de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado en el territorio valenciano –Policía Nacional y Guardia Civil-.

Además, a la reunión se ha sumado la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana; el área de Delitos de Odio del ministerio público en la provincia de Valencia y la Conselleria de Justicia e Interior.

La Delegación entregará las soluciones propuestas por este grupo de trabajo a la Conselleria de Igualdad y Política Inclusivas y a diversos colectivos sociales.