EFEValència

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha admitido hoy que el plan de evacuación de la Ciudad de la Justicia de València "tiene una década", aunque ha precisado que en los últimos dos años el Consell ha dado prioridad a desarrollar estos planes en juzgados que fueron inaugurados sin tenerlos.

En los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia, en sus primeras declaraciones públicas tras el incendio registrado el pasado domingo en la Ciudad de la Justicia de València, Bravo ha afirmado que cuando asumió el cargo "la foto fija de la situación de las sedes judiciales era de absoluta dejadez".

"Las últimas construidas por el PP, como las de Paterna, Vila-real o Elx, carecían de planes de emergencia", ha añadido Bravo, quien ha asegurado que algunas de estas sedes judiciales incluso tenían una orden de cierre, como es el caso de la de Alcoi (Alicante).

Sobre las causas del incendio, se ha limitado a decir que es "muy respetuosa con los técnicos y la policía científica. Se ha elucubrado mucho sobre las causas, no me atrevo a anticipar nada", ha afirmado.

Respecto a si las alarmas antiincendios saltaron o no, la consellera ha asegurado que hay "versiones contradictorias. Hay quienes dicen que no y hay técnicos que certifican que sí, pero por la configuración del sistema no sonaron donde estaban los vigilantes de seguridad", ha agregado.

Respecto al cierre de los juzgados de la Ciudad de la Justicia, Bravo ha explicado que está a la espera de recibir, previsiblemente a lo largo de la mañana de hoy, un informe que están elaborando los técnicos del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) sobre si el edificio está suficientemente ventilado tras el incendio del pasado domingo.

Este informe será remitido posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, cuya presidenta, Pilar de la Oliva, deberá decidir sobre la posible reapertura de los juzgados, según ha explicado Bravo.

"Ayer por la tarde recibimos un informe provisional en el que se nos indicaba que, una vez concluidos los trabajos de ventilación, aunque permanezca el olor, el aire no es tóxico, pero queríamos asegurarnos de que esos trabajos de ventilación finalizaban y por eso pedimos al TSJCV que aplazase la apertura del edificio", ha agregado.

"El fin de semana estuve fuera y llegué a València el domingo por la tarde. Pude comprobar el fuerte olor tras el incendio. No quedaba humo, pero me preocupó que hubiese elementos tóxicos en el aire, y por eso solicitamos, a las 21 horas, que se declarase inhábil el lunes, y toda esa noche se trabajó en la ventilación del edificio", ha precisado.

Según ha detallado la consellera de Justicia, se ha solicitado la actuación en la Ciudad de la Justicia de una empresa especializada en la medición del aire.

"Entiendo la alarma que generó el término 'sine die' -para anunciar el cierre de los juzgados- pero son fórmulas jurídicas para evitar prorrogar los acuerdos en caso de que fuesen necesarios nuevos aplazamientos".

Bravo se reúne hoy de nuevo con De la Oliva, el decano de los jueces de València, Pedro Viguer, los titulares de los juzgados afectados, Fiscalía y letrados de la Administración de Justicia.

"Estamos adoptando todas las medidas posibles para la reapertura de los juzgados. Se ha firmado una resolución de emergencia y los trabajos de reparación ya se han adjudicado; de hecho la empresa estuvo ayer allí. Vamos a trasladar esos juzgados a otro espacio mientras duren las obras, que empezarán lo antes posible", ha asegurado Bravo.

En referencia a los planes de seguridad de los órganos judiciales, la consellera ha lamentado que la administración "no pueda ir más rápido. Hemos dado prioridad a aquellas sedes que no disponían de planes. En 2017 ya están elaborados y pendientes de revisión por los técnicos de infraestructuras, para después dar traslado a los respectivos decanos", ha añadido.

Preguntada por el caso concreto de la Ciudad de la Justicia de València, Bravo ha admitido que el plan de evacuación de estas instalaciones "tiene una década. No lo voy a cuestionar", ha afirmado.

"Se han iniciado los trabajos para su actualización, no por las reclamaciones de los sindicatos, sino por responsabilidad, pero se está trabajando en una nueva reorganización de espacios, entre otras cosas para acabar con los despachos sin luz de los fiscales para acercar los equipos psicosociales al Instituto de Medicina Legal", ha agregado.

"Asumo toda la responsabilidad, soy la primera disgustada y me hubiese gustado ir más rápido. Conozco las necesidades en materia de riesgos laborales. Trabajé cinco años en esta sección dentro de la Fiscalía", ha detallado la consellera.

Gabriela Bravo ha asegurado que están finalizados los pliegos para la primera fase de la rehabilitación del Palacio de Justicia de València, sede del TSJCV, a la que se destinarán cinco millones de euros, y para la reforma de la climatización de la Ciudad de la Justicia, y ha anunciado que en breve empezarán las obras de los nuevos juzgados de Mislata. (Valencia).