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La Conselleria de Justicia prepara el dispositivo para la asistencia jurídica de alrededor de un centenar de menores no acompañados del buque Aquarius que se atenderán en Alicante.

La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha presidido hoy en Alicante una reunión con todos los operadores jurídicos de la provincia que participarán en la asistencia de los menores de edad no acompañados que viajan a bordo del navío Aquarius y los dos buques italianos rumbo al puerto de València.

A la reunión, que se ha celebrado en la sede del Consell en Alicante, en la Casa de las Brujas, han asistido el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, representantes de la Fiscalía de Menores, del Instituto de Medicina Legal, del Decanato de los juzgados, de la Policía Nacional y de las consellerias de Igualdad y Sanidad, así como del Colegio Oficial de Abogados de Alicante.

Bravo ha indicado que, entre los 629 refugiados del Aquarius, hay alrededor de un centenar de menores extranjeros no acompañados.

En Alicante serán alojados los mayores de 12 años. Entre ellos hay un grupo de 61 que tienen entre 16 y 17 años y otros 28 de entre 13 y 15.

Las pruebas forenses para determinar su edad se llevarán a cabo en los siguientes diez días a su llegada en aras de preservar sus derechos como menores de edad.

En este sentido, la consellera ha insistido en que el Consell que preside Ximo Puig quiere que "las cosas se hagan bien y se garanticen los derechos de estas personas y que sean atendidos como es debido".

Por ese motivo "estas reuniones son muy importantes para poder valorar qué medios son necesarios para evitar que los servicios se desborden".

El Instituto de Medicina Legal de Alicante reforzará las guardias de sus facultativos para poder atender a los recién llegados.

Para ello se llevará a cabo la contratación de un tramitador procesal especialista en Extranjería, así como intérpretes y traductores y el personal que la Fiscalía de Menores precise para los primeros días.

Por todo ello, según Bravo, "es tan necesaria la máxima coordinación entre la Fiscalía de Menores, la Policía, los juzgados, los colegios de abogados alicantinos y los profesionales del Instituto de Medicina Legal de Alicante".

Además, la consellera ha valorado que varios ayuntamientos de la provincia de Alicante "se hayan ofrecido a ayudar". No obstante, Bravo ha recordado que lo más importante ahora es "todo el proceso de recepción".

Por su parte, el Colegio Provincial de Abogados de Alicante (ICALI) ha anunciado que prestará atención jurídica y legal al centenar de menores migrantes del Aquarius que llegarán a Alicante.

El decano del ICALI, Fernando Candela, y la responsable del Turno de Oficio del Colegio, Catalina Alcázar, han acudido a la citada reunión presidida hoy en Alicante por la consellera Gabriela Bravo.

El Colegio ha acordado, además, reforzar tanto el Turno de Oficio de Extranjería como el de Menores para que se dé asistencia con la inmediatez que esta situación exige.

A su vez, el gobierno municipal de Alicante, a través de la edil de Inmigración y Cooperación, María Ángeles Goitia, se ha reunido hoy con todos los grupos políticos de la corporación municipal para abordar la situación humanitaria de los más de 600 inmigrantes del Aquarius llegarán al puerto de València.

El Ayuntamiento de Alicante, como ciudad acogedora de la Red de Ciudades-Refugio desde 2015, ha expresado a la Administración autonómica su disposición para recibir a las personas refugiadas procedentes del e Aquarius.

Asimismo, la reunión de hoy ha servido para coordinar acciones con todas las áreas municipales y saber de qué recursos locales y habitacionales dispone la ciudad en caso de recibir a los migrantes.

Goitia ha indicado que no es una cuestión de ideología política, sino que se trata de atender una situación social de emergencia urgente y que, como corporación, deben "estar todos implicados para dar soluciones".

La intención del gobierno municipal es crear un equipo de trabajo con los grupos representados en la corporación municipal para "poder dar información con transparencia de las decisiones que se vayan tomando en esta materia", ha señalado Goitia.

La voluntad del gobierno municipal es tratar esta materia desde el consenso y el diálogo con todas las instituciones implicadas, como la Subdelegación del Gobierno, la Generalitat y las ONG.