EFEAlicante

Un juzgado de Alicante ha condenado a la Conselleria de Sanidad a proveer "en cantidad y calidad suficiente" de todos los equipos de protección individual (EPI) necesarios a los facultativos sanitarios, tras considerar que incumplió la normativa de prevención de riesgos laborales durante la primera oleada de la pandemia de coronavirus.

El Juzgado de lo Social número 5 de Alicante ha estimado en parte una demanda interpuesta por la Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) contra la Conselleria de Sanidad, según la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La resolución, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del TSJCV, establece que la Conselleria "ha incumplido, en el ámbito de su gestión, la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales" tras la declaración de emergencia aprobada por la propia Administración autonómica el 27 de febrero de 2020 y la posterior declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas.

Ese incumplimiento, según el fallo, generó "un grave riesgo para la seguridad y salud" de estos facultativos, "provocando su exposición directa al contagio de la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2".

A este respecto, señala que hubo un aumento de contagios entre los facultativos de la provincia (de 787 contagiados el 25 de abril a 1.224 a fecha de 3 de julio).

Indica que "no puede considerarse que haya habido una diligencia necesaria en la correcta gestión, canalización y/o distribución en la práctica de todos los medios y recursos sanitarios que en teoría podrían presentarse como susceptibles de paliar a un nivel aceptable los efectos de la COVID-19" en la provincia "para evitar, como ha sucedido, que se haya ido 'de las manos' el número de contagios y cuarentenas entre el personal facultativo sanitario".

Dicha situación se produjo, apunta, "por la cantidad y calidad de material que en la práctica o bien no llegó a sus manos o bien lo hizo pero tarde y en cantidad inferior y/o de menor entidad cualitativa para protegerse del extremo riesgo de contagio y letabilidad de la enfermedad".

Por ello, el juzgado ha condenado a la Conselleria "a suministrar y/o proveer en cantidad y calidad suficiente" de todos los EPI necesarios (batas impermeables, mascarilllas FFP2, FFP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores de grandes residuos...) a los facultativos sanitarios de esta provincia pertenecientes al citado sindicato (menos los que trabajan en centros sometidos a la jurisdicción de los partidos judiciales de Elche y Benidorm).

La sentencia remite a los profesionales afectados a la jurisdicción Contencioso-Administrativa para solicitar, en su caso, la responsabilidad patrimonial por "funcionamiento anormal" de la Administración.