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Las residencias de mayores necesitan contratar a entre 21.000 y 50.000 personas más para cumplir con los estándares que garantizan una asistencia de calidad, según un estudio que revela que solo la Comunitat Valenciana y la Rioja respetan los porcentajes mínimos que las comunidades acordaron en 2008.

El trabajo ha sido publicado en la revista Panorama Social, de Funcas, y la autora es la consultora de la Red Europea de Políticas de Protección Social Julia Montserrat Codorniu, quien analiza las bases de datos de la Seguridad Social y muestra la precariedad del empleo en estos centros.

En ellos se registró el 40 % del total de los fallecidos por covid-19 o síntomas compatibles en España en el primer año de la pandemia, datos similares a los de otros países de la Unión Europea (UE),

Según el IMSERSO, en 2019 había 5.542 centros residenciales -excluyendo las viviendas para mayores-, con 389.031 plazas totales, un 2 % más que el año anterior.

Había de media 4,22 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, pero con grandes diferencias entre territorios: desde el índice de 7,8 que presentaba Castilla y León, al 2,3 de Murcia.

No obstante, si se analiza el número de trabajadores en las residencias por cada 100 mayores de 65 años, las cosas cambian. La media es de 1,03 y comunidades con índices elevados de cobertura según la oferta de plazas, muestran bajos índices de cobertura de atención.

Para medir la atención asistencial a los residentes, Montserrat destaca como indicador básico el número de trabajadores por cada cien residentes, un ratio que el Consejo Territorial fijó en 0,41 de media en 2008 (incluyendo a personas con y sin grado de dependencia).

Teniendo en cuenta que el 70 % de las plazas residenciales son de financiación pública, se subraya en el informe, sería de esperar obtener ratios cercanas a ese 0,41, pero la media es de 0,27, es decir, 27 trabajadores por cada 100 residentes, y solo la Comunitat Valenciana (0,48) y La Rioja (0,41) cumplen la cifra pactada.

Las comunidades han aprobado después normativas variadas en las que, aunque no todas, también se fijan ratios, con una horquilla que va del 0,32 al 0,54.

Ninguna comunidad alcanza los 54 trabajadores por cada 100 residentes y doce están por debajo del 0,32.

Tras la Comunitat Valenciana y La Rioja, se sitúan el País Vasco (0,36), Navarra (0,34), Galicia (0,33), Asturias (0,29), Madrid (0,28), Andalucía (0,28), Cataluña (0,26), Murcia (0,25), Aragón (0,25), Baleares (0,23), Canarias (0,22), Castilla-La Mancha (0,22), Cantabria (0,21), Castilla y León (0,20) y Extremadura (0,12).

Aunque va aumentado la presencia masculina, el 87 % de los trabajadores son mujeres y la edad media es de 35,47 años.

El sector destaca además por el bajo nivel de formación y por la precariedad salarial, según la investigación.

El salario medio anual se situaba en 2019 en 18.136 euros, un 20 % inferior a la media del sector servicios, lo que puede explicar en parte las dificultades para atraer empleados al sector.

El estudio detecta asimismo la participación de trabajadores autónomos (un 1,44 por ciento respecto al personal contratado) en funciones esenciales dentro del organigrama de las residencias, aunque con dedicación inferior a una jornada completa o solo algunos días a la semana (terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y personal de enfermería, entre otros).

A pesar de que la mayoría de las plazas cuentan con financiación pública, casi en su totalidad están gestionadas por el sector privado.

Según el IMSERSO, el precio medio mensual de una plaza concertada asciende a 1.724 euros, aunque en comunidades como Madrid, el País Vasco y Baleares se superan los 2.000 euros.

La administración general del Estado cubre alrededor del 10 % del coste; las comunidades autónomas, el 50 %; y el copago del usuario suele rondar el 40 %.