EFEAlicante

Cuarenta acusados han aceptado hoy durante un juicio celebrado en Alicante el pago de multas y trabajos en beneficio de la comunidad por falsificar contratos laborales para cobrar el paro u obtener permisos de residencia y empleo en España, según han informado a Efe fuentes de la fiscalía.

El juicio iba a celebrarse en el Juzgado de lo Penal 2 de la ciudad en tres sesiones diarias, pero ha quedado visto para sentencia en la primera jornada después de que el ministerio público llegase a acuerdos previos con las defensas.

Tres de los 43 encausados en total en este proceso no han comparecido hoy a la vista, pero han expresado con posterioridad su intención de llegar a un acuerdo con el fiscal y serán juzgados otro día, según las fuentes consultadas.

El principal implicado y supuesto cabecilla de este fraude es Antonio T.L., un empresario de Villena (Alicante) que contrató a los otros 42 sospechosos, en su mayoría inmigrantes y españoles en situación de desempleo, y les dio de alta en la Seguridad Social.

La fiscalía pedía provisionalmente para él dos años y medio de prisión y 1.800 euros de multa por un delito continuado de falsedad en documento público y oficial, aunque ha rebajado finalmente sus pretensiones tras aplicar la atenuante de dilaciones indebidas.

El empresario se ha declarado culpable y se ha conformado finalmente con seis meses de prisión, que serán sustituidos por otro tantos meses de trabajos comunitarios, y una multa de 180 euros.

Las 39 personas juzgadas hoy junto a él, entre los que hay inmigrantes latinoamericanos y africanos, se enfrentaban inicialmente a nueve meses de cárcel, pero hoy han aceptado rebajas que dejan sus respectivas condenas en 45 días de prisión y 180 euros de multas.

En función de las preferencias de cada uno de ellos, los días de privación de libertad van a ser sustituidos por 45 días de trabajos en beneficio de la comunidad o multas, igualmente, de 180 euros.

Los hechos ocurrieron entre 2010 y 2011, cuando Antonio T.L. simuló presuntamente contratos y altas en la Seguridad Social con 42 trabajadores que no respondían a una verdadera relación laboral.

Los supuestos trabajadores le pagaron por ello diferentes cantidades de dinero y pudieron acceder de forma indebida a prestaciones y subsidios por desempleo que en su conjunto suman unos 197.000 euros, o bien a permisos de residencia y trabajo en España.

Los cuarenta encausados que han comparecido hoy al juicio han aceptado el relato de hechos incluido en el escrito de acusación de la fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, y se han declarado culpables de delitos de falsedad en documento público y oficial.

El carácter ficticio de sus contratos quedó de manifiesto, entre otros extremos, por el hecho de que la mercantil Antonio T.L. se encuentra en situación de anulación por tratarse de una empresa ficticia desde el 5 de noviembre de 2010.

De hecho, el empresario no ingresó cantidad alguna a la Seguridad Social, según la Inspección Provincial de Trabajo de Alicante, por lo que ha llegado a acumular deudas con la Administración de 193.000 euros.