EFEValència

El síndic del PSPV en Les Corts y abogado defensor de dos de los cargos socialistas procesados en el caso Alquería, Manolo Mata, ha rechazado la imputación del actual jefe de los servicios jurídicos de Divalterra y ha pedido el sobreseimiento de la causa: "Ninguno de los delitos imputados puede sostenerse".

En un escrito al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga la contratación supuestamente fraudulenta de varios altos cargos en la empresa pública Divalterra (antes Imelsa), Mata rechaza la imputación de José Luis Vera, que recientemente reclamó la acusación popular que ejerce Acción Cívica contra la Corrupción, por considerarla "totalmente innecesaria, arbitraria e injustificada".

Esta asociación reclamó hace una semana que se citase como investigado a Vera porque tenía "total conocimiento" sobre las contrataciones de los altos cargos y los "supuestos pactos políticos que las amparaban", como según argumenta consta en declaraciones y documentos que figuran en la instrucción de la causa.

En sentido contrario, Manolo Mata expone al juez instructor que "la petición parece ser objeto de la desesperación de la acusación popular, dado que la instrucción ha venido determinando que ninguno de los delitos imputados puede sostenerse después de la prolija investigación realizada".

Y pide que se dicte "a la mayor brevedad posible un auto de sobreseimiento de las actuaciones, al no ser los hechos susceptibles de identificarse con delito alguno".

Mata dirige la defensa de los cargos socialistas Vicente Lucas Ferrando Zapater y Víctor Jiménez Bueso.

En referencia al primero, recuerda al juez que es profesor de Secundaria y que el consejo de administración de Divalterra le propuso su contratación como “director del área de proyectos de regeneración de zonas verdes urbanas de la sociedad”.

"Verificados los emolumentos propuestos, inferiores a las que percibe como funcionario, las condiciones laborales que exigían gran dedicación y esfuerzo al tratarse de un área de nueva creación, la falta de medios personales y demás, no aceptó la propuesta, no firmó contrato alguno, no percibió emolumento alguno, ni ha mantenido relación alguna con la mercantil objeto de investigación", añade.

Respecto al segundo, expone que ahora es delegado de la empresa Movisat, proveedor de tecnología para la monitorización de servicios del medio ambiente y que "mientras ostentaba el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Rocafort, el quinto ayuntamiento de España con mayor renta bruta media, pudiendo tener importantes emolumentos como alcalde de la localidad, a los que renunció, fue propuesto por el consejo de Divalterra en febrero de 2018 como director del área de estudios y planificación estratégica de la sociedad”.

"Firmó su contrato y acudiendo diariamente a su puesto de trabajo, organizando el departamento encomendado, a los veinte días advirtió por una información periodística que no eran pacíficas las contrataciones de directivos de la sociedad, renunció a su contrato de trabajo".

Además, recuerda Mata que "la contratación por un ente provincial de personal directivo de confianza no es delictiva" y que "el tema -de la contratación de personal de confianza- no es administrativamente pacífico (cita jurisprudencia al respecto) y que, por tanto, nunca podrá hablarse de los requisitos esenciales a los que se refiere nuestra justicia penal al considerar un acto administrativo como incardinado en el delito de prevaricación".