Actualiza la información con el contenido del escrito de la Fiscalía Anticorrupción

Valencia, 17 may (EFE). La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia el libre sobreseimiento de la causa abierta contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps y otros ex altos cargos del Consell por supuestas irregularidades en la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 de Valencia.

Según consta en el escrito enviado al Juzgado, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal se remite a un informe de la Intervención de la Generalitat en el que se señala que "no se constatan fehacientemente hechos o circunstancias que permitan apreciar, desde el ámbito competencial y de funciones de la Intervención, la existencia de un perjuicio económico directo para la Generalitat".

Por otra lado, hace referencia a que, de las diligencias de investigación practicadas, "no se han obtenido indicios suficientes para estimar que los trabajos contratados en los expedientes administrativos analizados no se hayan realizado correctamente".

También subraya el fiscal Pablo Ponce el hecho de que "no se pone en cuestión si la obra ha sido realizada, si hubo sobrecostes, si eran ajustadas técnicamente a las modificaciones o si se desvió dinero para otras finalidades", concluyendo que "no existe perjuicio económico alguno evaluable".

"Es público y notorio que el circuito fue construido y permitió la celebración del Gran Premio de Europa de F1 de 2008 a 2012 sin que se haya acreditado un uso indebido de los fondos públicos", agrega el fiscal en su escrito.

Descartada la posible malversación, "las irregularidades en la tramitación detectadas por la Intervención no puede sustentar ilícitos de carácter penal, al no existir respecto de los mismos indicios de criminalidad que fueron descritos en el escrito de querella".

El citado informe de la Intervención deja claro que Camps tenía competencias legales para asignar a la Conselleria de Infraestructuras la responsabilidad de las actuaciones necesarias para la habilitación del circuito urbano, por lo que, partiendo de dicha legitimidad, "el análisis de las contrataciones efectuadas que no constan en la querella inicial de la Fiscalía no revela indicios de prevaricación, pues no se trata en el procedimiento penal de revisar los actos administrativos".

La Fiscalía expone que, si bien el relato de la investigación policial puso de manifiesto la existencia de indicios de delitos sobre tres supuestas adjudicaciones amañadas a la UTE Typsa-Ayesa, la última de ellas en septiembre de 2007, este tipo penal estaba sancionado con la pena de inhabilitación de siete a diez años y tenía un periodo de prescripción de diez años, es decir, que habría prescrito en septiembre de 2017.

En este sentido, recuerda que ya advirtió sobre esta circunstancia a la jueza instructora sobre el hecho de que "sólo la investigación centrada en un delito de malversación agravada" impedía la prescripción.

"Descartada la existencia de esta infracción penal y centrándonos en el delito de prevaricación administrativa continuada, que es el único que pudieron cometer los investigados que participaron directa o indirectamente en la adjudicación de los tres contratos señalados, debe procederse al archivo del caso por encontrarse prescrito en el momento de la incoación del procedimiento".

Sobre las referencias que hizo la jueza instructora en su auto de procedimiento abreviado a la financiación irregular del PP, el fiscal recuerda que "están siendo investigadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, habiéndose acordado la declaración de Camps en calidad de investigado".

Respecto a los delitos de cohecho, tráfico de influencias o falsedad documental que la jueza instructora atribuía a los investigados, la Fiscalía concluye que "no existe hecho en la causa que justifique su persecución, ni se explica en el auto los hechos que sustentan tales tipos delictivos".

Fuentes de la defensa de Camps han indicado a EFE que no seguirán adelante con la querella anunciada contra la jueza instructora, siempre y cuando la Abogacía de la Generalitat tampoco presente acusación contra él.