EFEValència

La Audiencia de Valencia ha condenado por intrusismo a un centro de estética en Xàtiva que actuaba como una clínica de podología, tras la querella interpuesta por el Colegio Oficial de Podólogos valenciano contra la acusada por ejercer como podóloga sin el título universitario y en el salón de su casa.

La acusada trabajaba en el salón de su casa donde "decía realizar únicamente trabajos de estética en los pies", pero se hacían diferentes actividades que no correspondían con las realizadas en un centro de estética, como la eliminación de durezas y "helomas" (conocido como "ojos de pollo") para los que empleaba un micromotor con fresa y un bisturí, además de hacer diagnósticos y tratamientos con utilización de material cortopunzante como el bisturí y torno.

La presidenta del ICOPCV, Pilar Nieto, ha explicado en un comunicado que el 80 % del intrusismo en ese sector se produce en los centros de estética, un hecho que ve "muy grave", por lo que ha considerado que es importante concienciar a la población ante este tipo de actividades.

"Una persona no titulada no puede tratar un pie que tenga un alteración o el de un paciente que tenga una enfermedad como la diabetes o problemas graves de circulación", ha defendido la presidenta tras la sentencia que recoge un vídeo grabado por un detective en el que se ve a la acusada "utilizando instrumentos cortantes sobre sus pies, siendo apreciable el boquete que quedaba en la planta del pie tras utilizar un instrumento cortante".

Para la presidenta del Colegio, esta práctica "excede de lo que es un trabajo de pedicura, quedando dentro del ámbito del trabajo del podólogo, para lo que se precisa una titulación a fin de garantizar la seguridad sanitaria de los usuarios".

Además, el local donde la acusada desarrolló tales actuaciones carecía de cualquier tipo de autorización sanitaria, gestión de residuos, protocolo o medios de esterilización de material y utensilios empleados, tal como se exige para este tipo de actividad.

Por ello, el Colegio ha informado a la Conselleria de Sanidad y al Ayuntamiento de Xàtiva con el objetivo de que se cierre ese centro.

Tras la desestimación del recurso interpuesto a la sentencia, la acusada deberá pagar una multa de 3.650 euros, aunque la sentencia no es firme debido a que se ha anunciado recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Para concluir, desde el ICOPCV han recomendado comprobar el número de colegiado de los profesionales a los que se acude a la hora de ser tratados.