EFEAlicante

Un tribunal ha confirmado el procesamiento por un presunto delito de prevaricación del exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri por despedir a una funcionaria interina que es cuñada del entonces portavoz municipal del PP y ahora alcalde, Luis Barcala.

El auto, al que ha tenido hoy acceso Efe, ha sido dictado por la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante y aboca al que fuera alcalde del PSPV-PSOE a un nuevo juicio.

Echávarri está pendiente de conocer la fecha de la vista oral que se celebrará en la sección tercera de la Audiencia contra él y dos de sus antiguos asesores por, presuntamente, fraccionar contratos en la Concejalía de Comercio.

Su doble procesamiento le llevó a dimitir el pasado 9 de abril, lo que permitió que el PP recuperara el gobierno local como lista más votada en las últimas elecciones, tras la investidura frustrada de la candidata socialista, Eva Montesinos.

Para los magistrados, hay una serie de indicios que apuntan a que en el despido de la funcionaria, Catalina Rodríguez, subyacen "motivaciones de exclusivo carácter personal y vindicativas por actuaciones previas realizadas por otro miembro de la corporación local en el ejercicio de sus derechos".

La sala se refiere así a la denuncia que el propio Barcala había presentado contra el entonces alcalde en Fiscalía por el presunto fraccionamiento de contratos en Comercio y concluye que la decisión del despido "tiene apariencia de arbitrariedad".

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Alicante, Patricia Romero, decretó el pasado mes de marzo la apertura de un procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) por esta causa.

La magistrada sostiene que el entonces alcalde carecía de "competencias" para ordenar el despido y tampoco justificó sus causas, pues en realidad pretendía llevar a cabo una "represalia" contra Barcala por su denuncia.

De hecho solo despidió a esta trabajadora, que fue readmitida a instancias del pleno unas semanas después, pese a que había otros 47 funcionarios interinos sin cargo a plaza trabajando en el ayuntamiento en esos momentos, tres de ellos en su misma situación.

Echávarri comunicó su decisión al entonces concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez (para el que la causa fue archivada), el 18 de abril de 2017, el mismo día que Barcala interpuso la denuncia contra él.

Como el concejal Giménez se encontraba de vacaciones en Santander, el propio Echávarri llamó al día siguiente a un técnico y le trasladó directamente la orden.

Ese funcionario lo hizo constar en una diligencia y, junto a otra compañera del departamento de Recursos Humanos, preparó el decreto del cese.

Echávarri sostiene que el despido fue legal porque la situación laboral de Catalina Rodríguez suponía un "fraude de ley", al tiempo que ha negado durante la instrucción judicial que la decisión respondiera a una venganza contra Barcala.

Por el contrario, la juez Romero considera que el decreto obedecía "únicamente a la voluntad del alcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder".

La Audiencia de Alicante entiende que el auto de la instructora es "amplio y detallado" y está "suficientemente motivado", por lo que rechaza la petición de Echávarri de sobreseer las diligencias.

La Fiscalía presentó hace unos meses su escrito de acusación provisional por estos hechos, por los que pide diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa.

A la vista de la resolución de la Audiencia, la magistrada Patricia Romero tiene ya el camino despejado para decretar la apertura de juicio oral.