EFEAlicante

El fiscal mantiene que el exalcalde de Alicante por el PSOE Gabriel Echávarri despidió a una trabajadora municipal, la cuñada del actual alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), "por venganza" y "como represalia" tras la denuncia del grupo popular por el denominado 'caso Comercio' o supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de esta área.

En el juicio por este despido, que ha quedado este jueves visto para sentencia, el representante del Ministerio Público, José Llor, ha incidido en que Echávarri actuó "por motivos espúreos" con una "clara desviación de poder" al ordenar el cese de la trabajadora municipal "por venganza" y "como represalia" contra el actual alcalde popular, después de presentarse la denuncia por el 'caso Comercio', por el que fue condenado más tarde el político socialista.

El fiscal solicita diez años de inhabilitación para Echávarri como responsable de un presunto delito de prevaricación administrativa, tras incidir en que ordenó el cese de dicha trabajadora interina, Catalina Rodríguez, con "urgencia", solo dos días después de que el grupo municipal del PP registrase la denuncia del 'caso Comercio'.

Según Llor, esa rapidez no fue casual, pues el objetivo de Echávarri era que se supiese que el despido se acordaba como consecuencia de esa denuncia.

En esta línea, ha expuesto que el entonces alcalde socialista tomó la decisión sin disponer de ningún "expediente", pese a que, en el mensaje publicado en su muro de Facebook tres días después del despido, el propio Echávarri tratase de explicar su decisión señalando que "había acelerado la decisión sobre el expediente que llevaba meses sobre su mesa".

A su juicio, "ese expediente no existía", ya que solo se ha aportado "una resolución del Síndic de Greuges en la que se apremiaba a regularizar la situación de todos los trabajadores interinos del ayuntamiento, más de 300, y un listado de todos esos empleados sin que se detallase a qué departamento se encontraban adscritos ni cuáles eran sus funciones".

Por su parte, la defensa de Echávarri, ejercida por el letrado José Díez, ha solicitado su libre absolución al negar que existiese el delito de prevaricación administrativa que se le atribuye.

Ha recalcado que "el cese de Catalina Rodríguez fue legal, como así lo han acreditado los técnicos municipales, quienes han sostenido que era un caso de cese 'de libro'".

Además, ha insistido en que Echávarri se limitó a dar una orden verbal de que se despidiese a una trabajadora sin tener más intervención en el proceso.

La defensa ha argumentado también que el exalcalde dio el nombre de Catalina Rodríguez porque "era sobre la que tenía la seguridad de que existía causa de cese" por la información que le habían facilitado los representantes sindicales.

Y ha abundado en que si tomó esa decisión fue por temor a que "pudiesen presentarle una nueva denuncia, como ya le habían insinuado que podía suceder, y como al final acabó sucediendo, con la denuncia que dio origen a esta causa".

Sobre la supuesta discriminación a la hora de proponer el despido de Catalina Rodríguez frente a otros "300 funcionarios, como sostiene la fiscalía", la defensa ha rebatido esa cifra para asegurar que "solo existían 47 funcionarios interinos contratados sin cargo a plaza y que únicamente cuatro estaban desempeñando funciones distintas a las que motivaron su contratación" en el momento en el que se acordó el cese.

Antes de los informes de conclusiones de las partes, ha prestado declaración la propia trabajadora despedida.

Catalina Rodríguez ha manifestado ante el tribunal que llevaba trabajando en el servicio de Cultura desde noviembre de 2010, tras superar un examen en un proceso en el que fueron contratadas al menos otras ocho personas.

Ha confirmado que accedió a su puesto de trabajo ante las necesidades de personal que se habían suscitado por la apertura de nuevos centros culturales: el Museo de Arte Contemporáneo (Maca) y Las Cigarreras, donde estuvo trabajando hasta 2015.

Igualmente, ha señalado que, cuando el exconcejal de Cultura le comunicó el decreto del despido, le dijo que el alcalde había ordenado su despido "por venganza".

Por su parte, el exedil de Cultura, Dani Simón, ha ratificado el contenido del informe evacuado a petición de la Fiscalía, en el que precisaba que desde su Concejalía no se había solicitado prescindir de ningún trabajador.

También ha explicado que se decidió trasladar a Catalina Rodríguez desde Las Cigarreras hasta la Lonja del Pescado para dar una nueva orientación al centro cultural.

Por último, la jefa del Servicio de Cultura ha apuntado que en el expediente de contratación de Catalina Rodríguez no figuraba ninguna adscripción específica a ninguno de los centros culturales, aunque ha admitido que no había profundizado en el expediente y que no podía conocer si estaba ligada o no a unas funciones concretas.