EFEValència

El inicio del tercero de los juicios a los que se enfrenta el exconseller Rafael Blasco en el marco del conocido como caso Cooperación ha estado marcado este miércoles por el desvanecimiento de uno de los cuatro acusados, que se ha desmayado a los pocos minutos de haberse iniciado la vista y que ha sido evacuado en ambulancia.

Este incidente ha obligado a la presidenta de la sección tercera de la Audiencia Provincial a suspender la vista y desalojar la sala, ocupada por los letrados y una decena de periodistas.

El acusado que ha sufrido este problema de salud es el exjefe de los servicios de Informática de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía Javier Murcia.

El acusado se ha sentido indispuesto y se ha levantado de la fila de sillas en la que permanecía sentado junto a los otros tres acusados: Rafael Blasco, Augusto César Tauroni y Tina Sanjuán.

Murcia se ha acercado tambaleándose a la presidenta de la sala para comunicarle que se encontraba mareado, y acto seguido se ha desvanecido en el medio del estrado.

Varios letrados han acudido rápidamente a atenderle, le han tumbado boca arriba y le han colocado los pies en alto, en una silla; y a continuación la presidenta de la sala ha requerido la presencia de un médico forense.

Tras este incidente el juicio ha sido suspendido y se ha ordenado desalojar la sala de vistas, y posteriormente se ha informado a las partes de que la fecha prevista para la reanudación del juicio es el 29 de marzo.

La Fiscalía Anticorrupción considera que, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros, podrían haber sido amañados por los procesados, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública, entre 2008 y 2011.

Los contratos supuestamente amañados se adjudicaron a Fujitsu y a otras dos empresas, pero terminaron siendo subcontratados a las sociedades del empresario Tauroni.

Por este motivo, también figuran como acusadas -y están presentes los respectivos letrados en la vista- estas firmas como supuestas beneficiarias a título lucrativo de las supuestas corruptelas.

Las acusaciones consideran a los procesados responsables de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración, y el fiscal reclama para el siete veces conseller dos años y ocho meses de prisión; dos años y seis meses para el empresario Tauroni; dos años para la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuán y un año y medio para Javier Murcia.

Salvo Murcia, el resto de acusados ya han sido condenados en los dos primeros juicios del caso Cooperación; han cumplido penas de prisión por el primero y aguardan que el Supremo confirme o no la firmeza del segundo proceso.

En esta causa, como en las dos anteriores del caso Cooperación, constan como acusación particular la Abogacía de la Generalitat Valenciana y como acusación popular la Coordinadora Valenciana de ONG.

Diversas fuentes del caso consultadas por EFE han explicado que en los últimos días se han producido algunos acercamientos entre las defensas y la Fiscalía de cara a una posible conformidad -de hecho Tauroni y Sanjuán ya admitieron su responsabilidad en el anterior juicio, el de las piezas 2 y 3 del caso Cooperación- aunque indican que la defensa del exconseller, que ejerce el letrado Javier Boix, es la más reacia al pacto.

En el inicio de la vista apenas han podido intervenir las acusaciones en el turno de cuestiones previas, y ambas han dado su conformidad a la petición del fiscal de incorporar a la causa las sentencias de las dos piezas anteriores, un extremo a lo que el abogado de Blasco, Javier Boix, estaba formulando su oposición en el momento del incidente que ha obligado a suspender la vista.

Blasco, que llegó a ser portavoz del PP en Les Corts Valencianes, pasó de activista revolucionario del FRAP a mantenerse en el poder durante más de 30 años.

En su haber figura el haber sido el político valenciano que más veces ha sido conseller, con cuatro presidents de la Generalitat (con el socialista Joan Lerma en 1983 y los populares Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps), de dos partidos políticos diferentes y en siete carteras a lo largo de 17 años.

En 1991 fue absuelto de los presuntos delitos de cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas por la recalificación de unos terrenos por la Conselleria de Obras Públicas, de la que era conseller con Lerma, que le destituyó, aunque después volvió a la política de la mano de Eduardo Zaplana.

El 15 de junio de 2015 Blasco ingresó en el centro penitenciario de Picassent (Valencia); el 30 de enero de 2019 obtuvo el tercer grado penitenciario, por lo que desde entonces lleva un régimen de vida en semilibertad (mientras aguarda el pronunciamiento del Supremo sobre su segunda condena).