EFEValència

El Consejo de Administración Extraordinario de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha decidido recurrir la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que recientemente ha declarado nulo el despido de la exdirectora de Administración, Celia Zafra.

Esta empleada fue despedida en septiembre de 2019, tras haberse detectado en la empresa una estafa de más de cuatro millones de euros perpetrada supuestamente por personas que se hicieron pasar por el presidente de la EMT, el concejal Giuseppe Grezzi, para solicitar hasta ocho transferencias a una cuenta del Bank of China en Hong Kong.

La empleada recurrió su despido y ahora la EMT ha sido condenada a su readmisión -con el cobro de 158 euros diarios desde que fue despedida- o al abono de una indemnización de 199.000 euros.

Sin embargo, esta empresa pública -dependiente del Ayuntamiento de València- ha optado por la no readmisión al considerar que la exdirectiva incumplió con su deber de confidencialidad y custodia de la documentación de la empresa.

Según consta en la sentencia en la que se anula el despido, el juez cree que "resulta difícil afirmar que la trabajadora pretendía ocultar a la empresa que había remitido documentos conteniendo las firmas de los apoderados", e insiste en que "no parece razonable, ponderado, ni ajustado al criterio que proporcionalidad la imposición de la máxima sanción a quien ha venido prestando servicios para la entidad durante más de cuarenta años sin haber incurrido en ninguna infracción laboral".

Los miembros del Consejo de Administración de la EMT, por el contrario, consideran que la empresa no vulneró precepto alguno en la formalidad del despido, puesto que tiene “la facultad de imponer al trabajador la sanción que estime apropiada, dentro del margen que establezca la norma reguladora de faltas y sanciones”.

En su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, la EMT alegará que se ha producido un error en la valoración de la prueba documental ya que, "independientemente de poder haber sido engañada y que el negocio fuera real o una estafa organizada, la exdirectiva envió documentación sobre la que estaba obligada al deber de custodia".

Además, la dirección de la empresa considera que "la directiva ocultó inicialmente esta información relevante para el esclarecimiento de los hechos. De hecho, esta documentación que envío la exdirectiva fue imprescindible para que los estafadores llevasen a cabo el hecho delictivo".

"Independientemente de la sentencia, reiteramos que fue un acto negligente y de ahí nuestra decisión. Mientras tanto, seguimos a la espera del procedimiento penal y contable", han añadido.

Este miércoles la exdirectiva vuelve a declarar en el Juzgado de Instrucción número 18, en el que consta como investigada -junto a Caixabank, como posible responsable civil-, tras el exgerente Josep Enric García Alemany y la jefa de gestión María Rayón, testigos estos dos.

"Según hemos conocido, ambos -Zafra y Caixabank- tuvieron avisos de que se habían falsificado las firmas gracias a esos documentos, pero continuaron con las operaciones", ha señalado el presidente de EMT, Giuseppe Grezzi.

El Tribunal de Cuentas ha citado a declarar a la exdirectora de Administración el 24 de febrero en la sede del tribunal en Madrid con motivo de las presuntas irregularidades en la disposición de los fondos públicos de EMT durante el fraude que pudieran generar responsabilidad contable.

También ha citado como parte perjudicada a un representante legal de la EMT y al Ministerio Fiscal.

Respecto al incendio que sufrieron las instalaciones de la EMT en el barrio de San Isidro, en el último consejo se ha entregado información relativa al mismo en la que se hace constar, según la dirección, que "las instalaciones estaban al corriente de todas las revisiones, tanto el Sistema de Protección contra Incendios como la estación de gas".

"También los hidrantes habían pasado todas las revisiones, tanto anuales como trimestrales. La última de estas revisiones fue el 1 de diciembre donde únicamente se detectó alguna fuga en la zona sur de la cochera. Eso no impidió que la red de hidrantes funcionara correctamente y se utilizara en la extinción del incendio, tal y como explica Bomberos en su informe, que ya se entregó al Consejo hace semanas", ha informado la EMT.

El coste contable de los autobuses calcinados es de 34.047 euros, ya que estaban amortizados y su retirada estaba prevista en los próximos meses.

Otros daños cuantificados corresponden a los vehículos afectados parcialmente (32.455 euros) y a los daños en las instalaciones (170.697 euros), entre otros.

Según la póliza del seguro, el valor estimado por el que estaban asegurados los autobuses, los equipos embarcados y todos los daños en instalaciones afectadas estaría en torno a los dos millones de euros.

El seguro ya ha avanzado un primer pago de 600.000 euros a la espera de calcular el importe final a abonar.

Por otra parte, el juzgado de instrucción nº 1 de València ha notificado el archivo provisional de la causa del incendio al no existir “indicios racionales de criminalidad ni prueba alguna de actividad de ámbito penal”.

El juzgado abrió diligencias en virtud del atestado policial y EMT se personó en las mismas como perjudicada.