EFEValencia

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) ha pedido al Poder Judicial que cuando se declare una alerta roja se suspendan automáticamente las actuaciones judiciales, evitando así que la decisión de cerrar los juzgados quede en manos del juez decano de cada partido judicial y de los letrados de la Administración de Justicia, tal y como decidió recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV),

Tras la declaración de alerta roja producida por la Gota Fría o DANA que asoló la Comunitat Valenciana el pasado 13 de septiembre, el CVCA reclamó la suspensión de los señalamientos y citaciones judiciales previstos para ese día, pero la exigencia no fue atendida por la Sala de Gobierno del TSJCV, que prefirió dejar la decisión en manos de jueces decanos y letrados.

Ahora la abogacía valenciana ha planteado un recurso ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, para oponerse a aquella decisión, según explica en un comunicado en el que manifiesta: “no se puede subjetivar la gravedad o no del peligro, sino que, acaecida la declaración administrativa de máximo riesgo, ésta debe determinar la suspensión de las actuaciones judiciales que requieran la presencia de los ciudadanos y de los profesionales ante los órganos judiciales”, pues en otro caso se pondría en riesgo la vida de las personas y sus bienes.

En su escrito de alegaciones, el CVCA considera que la resolución del TSJCV traslada al criterio personal de personas concretas “una situación de riesgo objetivo como es la declaración por parte de las autoridades del Estado y de la propia Comunitat Valenciana de la situación de alerta roja, entendida como el escenario de máximo nivel de amenaza para la integridad y la propia vida”.

Los abogados añaden que, durante las fechas en las que se produjeron las inundaciones, perdieron la vida hasta cinco personas arrastradas por el agua, y aun con ello se produjo la negativa del TSJCV, teniendo en cuenta, además, que la Generalitat ordenaban evitar los desplazamientos por el evidente riesgo.

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados sostiene que, una vez que las autoridades competentes determinaron la situación de emergencia y peligro, “automáticamente se habían de suspender los señalamientos judiciales en los juzgados de la propia localidad en la que se halle el juzgado y en aquellos que se encuentren a una distancia prudencial cercana a los lugares en que se haya decretado dicha alerta”.

Una suspensión que no se produjo de forma automática al declararse la alerta roja, pese a que se cerraron colegios, universidades y otros edificios públicos, y por el contrario “se hizo depender la vida de los justiciables, testigos, peritos, abogados, y procuradores" de la decisión "del letrado de la administración de justicia o en último caso del juez decano de cada partido judicial”, afirman desde el CVCA.