EFEValència

Los 28 procesados por las agresiones a los manifestantes participantes en la marcha en defensa del valenciano celebrada el 9 d'Octubre de 2017 se enfrentan a una petición de penas que alcanzan los 7,5 años por delitos contra los derechos y libertades, desórdenes, coacciones, lesiones y amenazas.

En el escrito de acusación remitido por la fiscal especializada en delitos de Odio, Susana Gisbert, al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, al que ha tenido acceso EFE, se detalla la participación de cada uno de los procesados en los referidas incidentes, tanto en la convocatoria como en las agresiones en sí, y se estipulan sus responsabilidades.

"La actuación de todas estas personas, que increpaban a los manifestantes y se abalanzaban hacia donde se encontraban, a pesar del cordón policial que hubo de formarse, hicieron que, finalmente, este cordón cediera, dando lugar a una estampida que hacía de todo punto imposible el normal transcurso de la manifestación convocada, llegando a perpetrarse las agresiones que se relatan", expone la fiscal.

El Ministerio Público detalla cómo, a través de las redes sociales, los procesados fueron distribuyendo mensajes contrarios a la tradicional marcha vespertina que se celebra en el día de la Comunitat, con mensajes como "primer año sin esteladas en Valencia" o "los independentistas han despertado al gigante".

Otros procesados, siempre según el relato del fiscal, vinculados a peñas radicales del Valencia CF convocaron movilizaciones por la mañana en las inmediaciones de Mestalla, y desde ahí marcharon al centro de la ciudad "con el propósito de obstaculizar el desarrollo de la manifestación y enfrentarse a quienes asistieran por razón de su ideología".

Estos acusados, según el escrito, realizaron este trayecto "entonando cánticos, gritos y realizando el saludo consistente en mantener el brazo en alto, propio de movimientos fascistas y neonazis".

En el inicio de la marcha, en las inmediaciones de la plaza de San Agustín, los procesados protagonizaron varias agresiones.

No obstante, y tras la intervención policial, la manifestación siguió su curso hacia la calle Colón, siendo en todo momento custodiados los manifestantes por la Policía, si bien no pudo concluir, como estaba previsto, con la lectura del manifiesto en la estatua del Rey Jaume I en la Plaza de Alfonso el Magnánimo, sino que hubo de darse por terminada en la Plaza de América", agrega la fiscal.

De ello responsabiliza concretamente a 14 de los procesados, que "rodearon la estatua de Jaume I al grito de Yomus".

Entre los agredidos se encontraba un grupo de cuatro periodistas del Diari Jornada, que fueron amenazados y atacados por varios de los procesados, que se apropiaron de los ejemplares del periódico, valorados en 1.607 euros para lanzarlos a un contenedor de basura.

En otro momento previo a la manifestación, otro grupo de acusados acorraló y propinó una paliza a otros manifestantes al grito de "catalanes, terroristas".

Otros protagonizaron agresiones con el palo de las senyeras que portaban o propinaron patadas a los manifestantes causándoles lesiones por las que la Generalitat reclama 650 euros.

Otros ocho procesados se abalanzaron también contra un fotoperiodista que había sido testigo de agresiones previas tratando de arrebatarle la cámara y arrojándole al suelo para posteriormente impedirle que se levantara al "lanzar sobre él una mesa y un cartel de un bar".

El fotógrafo resultó con lesiones que no necesitaron de asistencia médica, pero resultó dañado su material fotográfico, valorado en 3.200 euros.

La fiscal atribuye a buena parte de los procesados las agravantes de superioridad y en algún caso también la de reincidencia.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama indemnizaciones para los trabajadores del Diari Jornada por el material dañado y para el fotógrafo por el mismo motivo, además de otra para las víctimas de agresiones que superan en algún caso los 1.000 euros.