EFEAlicante

La Fiscalía solicita condenas que oscilan entre los 4 y los 7 años de prisión para los presuntos cabecillas de la trama de las casas ilegales de Llíber, a quienes acusa de construir, consentir y tratar de dar apariencia de legalidad a 292 viviendas levantadas en suelo rústico del municipio con el fin de "obtener un beneficio económico".

Se trata de cinco promotores y del arquitecto municipal, A.S.A., a quienes considera responsables de los delitos de estafa y contra la ordenación del territorio.

La causa se sigue contra un total de 13 acusados, entre los que también figura el exalcalde del municipio, J.M.A, y cinco concejales de la corporación municipal de PP y de PSPV que aprobaron la concesión de permisos para tratar de regularizar esos inmuebles entre los años 1999 y 2003.

También se incluye a la secretaria municipal, que no emitió informe de advertencia de ilegalidad en relación a esos permisos.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia dictó el pasado febrero el auto de apertura de juicio que aboca a los 13 procesados a sentarse en el banquillo de los acusados en la vista que debe celebrarse ante la Audiencia Provincial, todavía pendiente de fecha.

En su escrito de calificación inicial, la Fiscalía apunta que los cinco empresarios promovieron la construcción de inmuebles sobre suelo no urbanizable y los vendieron a compradores extranjeros por precios superiores a los 150.000 euros.

Según el acusador público, para ello se concertaron con el arquitecto municipal para dar "una apariencia de legalidad" a su actividad.

Así, el funcionario redactaba "memorias valoradas" como si se tratase de proyectos arquitectónicos, cobrando por ellas, y después emitía informes "a favor de que se concediese la licencia" para rehabilitar, ampliar o restaurar "supuestos almacenes con zona habitable que realmente no existían".

Todo "a sabiendas de su flagrante ilegalidad porque no se trataba de rehabilitar ninguna construcción preexistente sino de la construcción de viviendas de nueva planta en parcelas sitas en suelo no urbanizable", añade.

Una vez concedidos los permisos, según la Fiscalía, al menos uno de los promotores, M.M.A., entregó al entonces alcalde un vehículo marca Mercedes, 10.000 euros por la autorización de un tendido eléctrico "y 3.000 euros por cada una de las licencias que se le concedieron" para las viviendas que su empresa promovía.

Para el entonces alcalde, el fiscal pide 6 años de prisión por cohecho y contra la ordenación del territorio.

Para el resto de concejales, entre los que se encuentra el actual candidato del PP a la Alcaldía, Juan José Reus, solicita penas de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.